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| "Justicia" -Mario Milocco- |
(Revista Barriletes, Junio 2016)
El gobierno nacional impulsa “Justicia 2020”
El gobierno nacional impulsa “Justicia 2020”
Reforma
judicial, del dicho al hecho...
Por
Juan Casís
El
16 de mayo de 2016 visitó las provincias de Santa Fe y Entre Ríos
el Ministro de Justicia de la Nación, Germán Garavano. El
funcionario exhibe entre sus méritos para el cargo que ejerce,
además de su título profesional habido en la Pontificia Universidad
Católica Argentina en 1994, el haber sido Fiscal General del
Ministerio Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires entre 2007
y 2014 y Consejero Suplente del Consejo de la Magistratura de la
Nación.
Habiendo
asumido su actual cargo en diciembre de 2015, Garavano rápidamente
toma decisiones alejadas de la independencia y transparencia que,
como letanía, repite en línea con e1 resto de los funcionarios. En
efecto, según denunciaron trabajadores de Infojus, desaparecieron
del portal estatal unas 10 mil notas e investigaciones periodísticas
y judiciales, junto a coberturas enteras sobre temas de violencia
institucional, violencia de género, femicidios, lesa humanidad,
talleres textiles clandestinos, delitos económicos y lavado de
dinero, narcotráfico. Entre las notas e informes judiciales
eliminadas, figuraban temas que involucran al presidente Mauricio
Macri, como su imputación por espionaje ilegal como jefe de Gobierno
porteño, la represión en el Hospital Borda, su directa
responsabilidad en el incendio intencional del depósito de
documentos vinculados a lavado de dinero de la empresa Iron Mountain
en el que murieron diez personas, o la relación de la primera dama
Juliana Awada con talleres de costura clandestinos con mano de obra
esclava, entre otros.
Uno
de los principales objetivos de la visita fue hacer la presentación
local del proyecto “Justicia 2020” como un plan integral de
reforma judicial. ¿Qué es
Justicia 2020? Sus objetivos, fundamentos y ejes temáticos están
plasmados en un documento que puso a circular el gobierno: una
justicia cercana, moderna, transparente e independiente configura su
horizonte ideal.
La
plataforma pretende transformarse en un espacio de participación
institucional y ciudadana, para lo cual habilitaron una web donde los
interesados pueden inscribirse y ubicarse en alguno de los 22 equipos
de trabajo virtual.
Los
ejes son siete: institucional, penal, civil, acceso a la justicia,
derechos humanos, gestión, justicia y comunidad.
Hasta
allí un puñado de enunciaciones que difícilmente encuentren
objetores dentro de la comunidad.
La
voz de los trabajadores
Al
hablar de la manera en que pretenden gestionar la nueva justicia,
acercándola a las necesidades de la gente, plantean tribunales
abiertos 24 horas y la desaparición de la Feria Judicial, decisiones
que podrían afectar en forma directa a los trabajadores de los
poderes judiciales.
Hugo
Blasco es judicial de la provincia de Buenos Aires y actualmente
preside la Federación Judicial Argentina.
A
Blasco le preocupan cosas que dice el proyecto del ministro y otras
que oculta: “En
primer lugar no habla de los trabajadores, como si el Poder Judicial
no tuviera trabajadores. Plantean modificar algunas cuestiones de
funcionamiento de la justicia pero no hace mención a la existencia
de trabajadores y mucho menos a cuales serían las condiciones de
trabajo que devendrían a consecuencia de esas modificaciones, ya que
los compañeros no han sido convocados a través del sindicato a
discutir cuáles serían. No se puede avanzar en reformas que
conllevan modificaciones en las condiciones de trabajo sin la
participación del sindicato”.
Agrega
“...se
abre a la participación a través de una página web, cualquiera
puede anotarse y opinar, y en este caso nuestra opinión sería la de
uno más, a pesar que nuestro sindicato representa a miles y miles de
trabajadores en todo el país. Nos convocan a la participación
ciudadana como integrantes de una organización sindical pero por
otro lado, antes de que se ponga en funcionamiento este mecanismo
supuesto de participación, envían seis proyecto de ley al congreso
para modificar cuestiones sustanciales, tales como el funcionamiento
y designación del Consejo de la magistratura de la nación y el
Ministerio Público. Claramente
quieren avanzar sobre una funcionaria como es Gils Carbó, a quién
ni conozco pero que ha sido elegida mediante un mecanismo legal, por
el Senado de la nación. Entonces, de la mano de una pregonada
independencia y transparencia, pretenden remover a alguien sólo por
su filiación política, diferente a la del partido gobernante.”
Desconfiado,
el gremio que agrupa a los trabajadores de los poderes judiciales
provinciales, se inclina por mantener el alerta frente a lo que puede
ser un abierto atentado contra los derechos laborales y recuerda que
en el mes de febrero la FJA se pronunció críticamente en un
documento suscripto por el plenario de Secretarios Generales.
Un
actor que preocupa
La
reforma propuesta reconoce una paternidad consanguínea en el
proyecto “Justicia 2015” elaborado por el mismo Garavano, junto a
Héctor Chayer, para el Foro de Estudios sobre la Administración de
Justicia (FORES).
Es
mucho lo que puede decirse de esta institución que es apoyada hoy en
día por los principales estudios jurídicos de la elite porteña, en
cuyos señoriales salones seguramente pasean los gerentes de las
grandes empresas nacionales y multinacionales que “operan” en y
al estado argentino para agigantar sus ganancias, pero en homenaje a
la brevedad nos limitaremos a recordar que su nacimiento se ubica
exactamente en el año 1976, coincidente con el arribo al poder de la
dictadura más sangrienta que puede recordar la historia patria.
De
su página web obtenemos el siguiente párrafo: “Un grupo de
abogados que trabajaban en la Comisión de Jóvenes del Colegio de
Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, preocupados por el
funcionamiento del sistema judicial en el país, funda en 1976 esta
asociación civil sin fines de lucro con el propósito de trabajar
por el mejoramiento de la Justicia y por la reforma judicial en la
Argentina. Fue la única
entidad que advirtió y anticipó desde 1976 /77 lo que luego
lamentablemente ocurrió con nuestro poder Judicial, preocupada por
el obstáculo que representaría su mal funcionamiento para el
afianzamiento de la democracia. Su actividad inicial provocó un
inusual interés por los temas de las Justicia (aunque luego
lamentablemente siempre postergados por temas más urgentes y no
siempre tan importantes). De todos modos sembró la preocupación e
inició una corriente de interés por los temas de la Justicia y la
profesión.” Este
párrafo es notable en tanto describe un momento del país que más
que una reforma judicial, precisaba una restauración inmediata del
estado de derecho quebrantado por la junta militar, situación que no
podía ser soslayada y priorizada por una agrupación ni más ni
menos que de abogados.
El
segundo dato que brindaremos respecto de FORES es que en el año 1984
publicó un trabajo, luego libro, llamado Definitivamente
Nunca Más (La otra cara del Informe de la CONADEP)
donde, según quienes lo han leído, realizan un minucioso esfuerzo
por deslegitimar los lapidarios testimonios recopilados por la
comisión convocada por el entonces presidente Raúl Alfonsín. Este
hecho, en sí mismo, no pasaría hoy por hoy de ser una pintoresca
anécdota, sino fuera porque ilustra una ideología que Fores ha
mantenido en toda su historia, llevándola inclusive a asociarse en
trabajos de investigación con la fundación señera de la derecha
latinoamericana en su filial argentina: Fundación Libertad, apoyada
por la USAID, una agencia de intervención “pacífica” de los
EEUU en América Latina. (*)
En
homenaje a la brevedad, invitamos fervorosamente a nuestras lectoras
y lectores interesados a tomarse un tiempo para investigar en
internet sobre estas organizaciones que hemos nombrado en párrafo
precedente, verdaderos lobos en piel de cordero, y que con el sigilo
de una sombra van ubicando sus principales cuadros en lugares
estratégicos de los nuevos diseños sociales, económicos, jurídicos
y políticos que hoy se ciernen sobre nuestra Abya Yala.
Otra
voz entre dos ríos
Consultamos
al Defensor General de la Provincia, Dr. Maximiliano Benítez para
conocer sus primeras impresiones sobre Justicia 2020 y se mostró
entre escéptico y crítico. Esto fue lo que nos dijo.
“En
su parte estructural, podríamos decir que es un proyecto de reforma
de la justicia de Capital Federal; en líneas generales no nos afecta
directamente, ya que habla por ejemplo del traspaso de la justicia
Nacional existente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a la órbita
de la justicia de esa ciudad. No es un proyecto nuevo en este
aspecto, ya se hablaba de esto durante el anterior gobierno, aunque
hoy las condiciones políticas son más favorables al ser del mismo
signo político ambos gobiernos y creo que, además de viable, es
positivo porque no es justo que el país entero siga costeando a la
justicia de esa ciudad.”
Respecto
de los proyectos de ley que, en el marco de la pretendida reforma, ya
han sido enviados al Congreso Nacional, el Dr. Benitez expresó:
“Uds. saben que se aprobó un Código Penal de la Nación, que es
un código acusatorio. Y en este aspecto también es algo que es para
Buenos Aires y no para provincias como la nuestra, que ya tenemos un
código acusatorio, así que en lo único que nos va a afectar va a
ser en aquellos delitos federales que se juzguen en Entre Ríos que,
lógicamente, se harían con un proceso acusatorio, tal cual ya había
estado aprobado con anterioridad. El otro tema que viene atado es el
de los Ministerios Públicos y ahí yo soy sumamente crítico al
proyecto. En primer lugar porque se pretende ponerle duración al
mandato de los Ministerios Públicos Nacionales que hoy por hoy duran
mientras dure su buena conducta. Esto vuelve más dependiente al
Poder Judicial del Poder Político y esto va en contra de lo que
dicen todos los organismos internacionales: en 2014 la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos sacó un informe sobre las
Garantías de la Independencia de los Operadores de Justicia en el
cual claramente establecen que poner los cargos en la justicia por un
tiempo determinado atenta contra su independencia.”
“El
otro aspecto con el que no estoy de acuerdo con la Ley de Ministerios
Públicos es que se pretende poner procuradores y defensores adjuntos
sin concurso. La intencionalidad clara es que ellos no acuerdan con
la Procuradora General de la Nación y entonces pretenden ponerle
Procuradores adjuntos sin concurso. Esto atenta contra la república
y contra la democracia ya que, imaginemos, mañana asume otro
gobierno y va a poner entonces otros procuradores adjuntos, si acá
pusieron dos, entonces, ¿cuántos van a poner, seis para poder
ganar? Encima sin concurso, sin pasar por el Consejo de la
magistratura y para quienes como yo, hemos luchado por el modelo de
Consejo de la Magistratura que tenemos en Entre Ríos y en lo que ha
beneficiado -entiendo yo- a la justicia de Entre Ríos, creo que
poner a cargos de tan alta jerarquía sin concurso, nos hace
retroceder varios casilleros.”
El
recorrido del ministro Garavano lo está llevando a cada provincia
argentina pregonando las bondades de “Justicia 2020”. ¿Es
necesaria una reforma judicial? Probablemente sí, aunque observando
el actual estado de la sociedad, parece de una ingenuidad rayana en
lo irresponsable pretender realizar modificaciones profundas
aplicando fórmulas nacidas en foros más acostumbrados al debate
entre pares que a escuchar lo que dicen quienes construyen desde la
diversidad de incumbencias, pensamientos, prácticas y geografías,
el devenir del país.
“Justicia
2020” expresa deseos generales y por ésto, difícilmente
rebatibles, reconoce paternidades cuyo curriculum vitae nos
inquietan, y repite prácticas ya conocidas en experiencias políticas
anteriores, tales como convocar al diálogo mientras avanza en el
tratamiento de textos de leyes redactados previamente de acuerdo a la
conveniencia del gobierno de turno.
Ni
participación real, ni transparencia, ni mayor independencia. ¿Una
justicia más cercana a la gente? habrá que verlo. Por lo pronto no
parece haber grandes cambios en la lista de asistencia a los hoteles
del Servicio Penitenciario Nacional, siempre habitados por pobres y
excluidos, nunca por empresarios evasores, financistas usureros ni
funcionarios corruptos.
(*)
Año 2005 - Índice
de confianza en la justicia Responsables:
Héctor Chayer (Fores), Horacio Spector (UTDT) y Pablo Zacchino
(Fundación Libertad) Equipo de trabajo: Horacio Spector (UTDT),
Catalina Smulovitz (UTDT): Liliana Raminger (fores) , Marcelo de
Jesús (fores), Héctor M. Chayer (fores), Pablo Zacchino (Fundación
Libertad), Santiago Zebel (Fundación Libertad) y Alejandro
Catterberg (Catterberg y Asociados). Comitentes: Escuela de Derecho
de la Universidad Torcuato Di Tella, Fores – Foro de estudios sobre
la administración de justicia, y la
Fundación
Libertad
Para
conocer más: http://www.foresjusticia.org.ar/investigaciones.htm
. http://www.libertad.org.ar/fl/index.html
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