(Revista Barriletes, Agosto 2016)
Argentina
en la era de los acuerdos económicos globales
Integración
y desintegración
Por
Philipp Edling*
Buena parte de
las experiencias de integración regional alrededor del mundo tienen
como única meta la construcción de un clima de negocios favorable
para el gran capital trasnacional. En Latinoamérica, al igual que en
el resto del planeta, proliferan acuerdos bilaterales y
multilaterales de diferente alcance (zonas de libre comercio, uniones
aduaneras, mercados comunes), que priorizan los asuntos comerciales y
financieros sobre las cuestiones de relevancia social y cultural.
El MERCOSUR
(Mercado Común del Sur), cuyos miembros plenos son: Argentina,
Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela, fue concebido por la gran
burguesía local como una plataforma asociada que le permitiera un
mejor acceso al mercado mundial. Lejos de proponerse como una
herramienta de real integración regional en un sentido político y
social amplio, el MERCOSUR ha logrado -a lo largo de su cuarto de
siglo de vida- crear una serie de instituciones y acuerdos ligados a
los principios teóricos del libremercado, de la apertura económica.
Sin perjuicio de lo
anterior, durante la década pasada existieron intentos de creación
de instancias regionales de otro signo. La CELAC
(Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños), constituida en
2010 y formada por 33 países al Sur del Río Bravo, y la UNASUR
(Unión
de Naciones Suramericanas), que agrupa a los 12 Estados del
subcontinente también desde ese año, representan un modo de
entender la política y la soberanía de nuestros países desde esta
parte del mundo. Ambas propuestas de integración, herederas del
liderazgo ideológico de Hugo Chávez (puede sumarse aquí al ALBA),
aún con sus debilidades y limitaciones, intentan constituirse en
experiencias
de encuentro
entre las sociedades de estas latitudes que pongan en primer plano
las necesidades y las metas de la región. Las mismas han tenido, a
lo largo de sus jóvenes vidas, un pequeño número de hitos, entre
los que se destacan el apoyo diplomático a causas como la de
Malvinas y la rápida intervención ante el intento de golpe de
Estado al Presidente de Ecuador, Rafael Correa, en 2010.
Acaso con el objeto
de obstaculizar el crecimiento de este tipo de propuestas de
integración
real
en nuestra región (a lo que hay que sumar la complejización de
algunas de las estructuras del MERCOSUR a partir de la fuerte
incidencia de Venezuela en el escenario regional), un nuevo bloque ha
surgido en el continente en los últimos años, portando las bondades
del libre mercado y de la globalización como bandera. Hablamos de la
Alianza del Pacífico
(AP), que desde 2011 y bajo el padrinazgo de Estados Unidos integra a
cuatro países del área: México, Chile, Perú y Colombia en una
zona de libre comercio. La AP, presentada por el establishment
mundial y por el conglomerado informativo estadounidense como un
ejemplo de integración
económica seria,
constituye
en el clima político actual de la región, un norte a seguir para
buena parte de los gobiernos latinoamericanos.
Al mismo tiempo,
desde los centros financieros mundiales un nuevo
tipo de pactos
se vienen orquestando con el objeto de brindar aún más facilidades
al capital concentrado para la expansión de los negocios a escala
global. Nos referimos a la denominada “tríada” de nuevos
acuerdos económicos globales: el Acuerdo
Transpacífico de Cooperación Económica
(TPP), la Asociación
Transatlántica para el Comercio y la Inversión
(TTIP) y el
Acuerdo de Comercio en Servicios
(TiSA). Estos tres experimentos, en diferentes instancias de
edificación, buscan derribar por completo las fronteras mercantiles
e integrar mercados de todo el mundo, al tiempo que se estandarizan
las normas legales de producción, comercialización e inversión a
escala internacional y se otorgan grandes facilidades a las empresas
para litigar ante los Estados nacionales y los poderes públicos.
Argentina en la
nueva coyuntura regional
El flamante gobierno
argentino de Mauricio Macri es parte de un escenario político
regional un tanto diferente respecto al de apenas un lustro atrás.
Con Brasil, la primera economía sudamericana, en medio de una grave
crisis económica y política, con Venezuela en una situación de
fragilidad social e institucional aguda (provocada en parte por la
abrupta caída del petróleo, su principal fuente de ingresos) y con
los gobiernos de los demás países volcados algo más hacia la
derecha que sus sucesores (con la excepción de Bolivia y Ecuador,
que de cualquier modo tienen una incidencia política menor en la
zona); la Cancillería argentina, representada en la figura de Susana
Malcorra, ha tomado la estrategia de liderar un proceso de
acercamiento
entre los dos bloques económicos
del subcontinente: el Mercosur
y la Alianza del Pacífico.
Durante los primeros
días del pasado mes de julio, Argentina se sumó como observador al
bloque de la Alianza del Pacífico, rol que ya ejercían allí otros
dos socios del Mercosur, Paraguay y Uruguay. Esta decisión, que en
aspectos concretos e inmediatos no implica demasiado, sí conlleva un
guiño tanto a los demás países del cono sur como a los miembros
permanentes de la AP. Además, con una ronda de visitas protocolares
a muchos mandatarios de países centrales (EEUU, Francia, China,
Alemania, Italia, entre otros) que incluyeron un puñado de firmas de
acuerdos de ayudas e inversiones, se avanzó en lo que desde el
gobierno denominan “volver
al Mundo”.
Puede identificarse, de esta manera, un giro en el perfil de la
política exterior de la nueva administración, centrado ahora en la
amplia apertura
diplomática y comercial,
más allá de los peligros que una maniobra de este estilo puede
entrañar para una economía como la argentina.
Alianza del
Pacífico, ¿integración para quién?
Cuando la Canciller
argentina, Susana Malcorra, anunció un par de meses atrás el
acercamiento de Argentina al bloque de la AP, integrado por México,
Chile, Colombia y Perú (y con Panamá y Costa Rica en proceso de
convertirse en miembros permanentes), hizo énfasis en la importancia
de un acercamiento entre países vecinos en la unión de fuerzas
respecto a los desafíos del mercado mundial. Con el Mercosur en una
etapa de incertidumbres, la convergencia con la zona de libre
comercio “del momento” se presenta para el gobierno nacional como
un imperativo categórico.
La Alianza del
Pacífico es presentada por los grandes multimedios como un ejemplo
de integración
supranacional madura,
desprovisto de la sobreideologización achacada a otras experiencias
recientes (CELAC, UNASUR, ALBA). Los cuatro estados fundadores
comparten dos características: poseen costas sobre el Océano
Pacífico y tratados bilaterales de libre comercio con Estados
Unidos. Entre los cuatro países suman 215 millones de habitantes y
cerca del 40% del producto bruto interno de Latinoamérica. Por
último, han avanzado en sus cinco años de vida en una creciente
eliminación de trabas aduaneras para el comercio interno.
Sin embargo, existen
otros datos que tienden un manto de duda sobre el real funcionamiento
del esquema de integración que propone la AP. En primer lugar, el
bajo nivel de comercio que los miembros tienen entre sí: ninguno de
los cuatro países tiene al interior del grupo a sus principales
socios económicos. El Mercosur, en contraposición, se constituye en
el principal destinatario de las exportaciones de sus miembros y en
el principal mercado de bienes y servicios que estos importan.
Otro aspecto a
subrayar del perfil político de la Alianza del Pacífico lo supone
la ausencia
de un proyecto de desarrollo autónomo
de sus países. Más allá de la reducción y/o de la supresión de
los aranceles para el comercio entre los cuatro miembros, estos se
limitan a la producción primaria y a insumos de baja complejidad,
sin intenciones de avanzar hacia la producción de bienes de capital
o componentes productivos más complejos, que se siguen importando
desde EEUU, Europa y China. Dicho de otro modo, el proyecto
político-económico que la Alianza del Pacífico pone sobre la mesa
es la nueva versión de un viejo y conocido modelo: la inserción de
nuestros países en el mercado mundial desde una posición
subordinada, como productores de materias primas e importadores de
capital y de deuda.
La posición de
Estados Unidos, otro de los observadores de la AP y socio económico
de todos sus participantes plenos, termina de colorear el mapa. Se ha
denominado a la Alianza del Pacífico como “el
nuevo ALCA”,
esto es, un intento de construcción de una zona de libre comercio
latinoamericana a medida de los grandes capitales trasnacionales. Tal
vez como aprendizaje de errores del pasado, esta vez el país del
norte ha decidido limitarse a su rol de tutor y no ingresar
formalmente al grupo.
Pero quizás el más
profundo de los riesgos que el acercamiento al Pacífico trae
aparejado para nuestro país lo supone la potencial adhesión al
Acuerdo Transpacífico, o TPP, del que ya son parte tres de los
cuatro miembros de la Alianza y que, junto a el TTIP y el TiSA,
expresa una modalidad superior de (des)integración
económica
a escala mundial.
Los nuevos
acuerdos económicos globales
En febrero de este
año doce países de tres continentes, liderados por Estados Unidos
(otros países de América firmantes son hasta el momento Chile,
Perú, México y Canadá), adhirieron a una serie de acuerdos que
marcan el inicio de un camino progresivo de equiparación en materia
legal, productiva, administrativa, política e impositiva, en el
marco de una flamante zona de libre comercio conocido como Acuerdo
Transpacífico.
Simultáneamente, la diplomacia estadounidense y los principales
lobbys empresariales tramitan en Europa un acuerdo hermano, la
Asociación
Transatlántica para el Comercio y la Inversión
o TTIP,
que reuniría en otro gran mercado a los veintisiete países de la
Unión Europea y a los Estados Unidos, concentrando una población
superior a 800 millones de personas y el 60% del PBI mundial. En
paralelo, se gesta en las cámaras empresarias norteamericanas y en
las cúpulas gubernamentales el Acuerdo
en Comercio de Servicios
o TiSA,
un tratado centrado en el mercado de los servicios, que busca
unificar la manera en que estos son prestados y controlados y que
busca agrupar a no menos de 50 estados de diferentes latitudes, una
vez más bajo la coordinación de Washington.
¿Cuál es el objeto
de tamaña ofensiva del capital concentrado? Derribar definitivamente
las “trabas” al comercio mundial irrestricto, terminar
con los obstáculos al libre comercio,
sean estos de tipo fiduciario o legal, construyendo finalmente
mercados de una extensión inédita en los que las actividades
económicas no sean ya reguladas por los Estados nacionales, las
sociedades y su legalidad, sino que cuyas normas –o falta de ellas-
se decidan en mesas supranacionales de banqueros y comerciantes. La
tríada de acuerdos acapara prácticamente todos los mercados
relevantes para el poder económico: la producción de materias
primas, de insumos, de bienes de capital, servicios financieros,
transporte, salud, energía, telecomunicaciones, farmacéutica,
infraestructura, y un extenso etcétera.
En este contexto las
multinacionales poseen un estatus legal superior, al crearse un
sistema de solución de controversias que tiene eje en tribunales
privados,
que no se rigen por leyes de ningún estado parte y en el que sólo
las empresas pueden demandar (no así los estados ni los ciudadanos).
Una empresa que invierta en uno de los estados firmantes tendrá la
posibilidad de demandar a un Estado si éste aprueba una ley que
otorgue, por ejemplo, beneficios laborales a los trabajadores que
redunden en incremento de los costos para los capitalistas y, por
tanto, obstaculice sus inversiones.
Sin embargo, a
medida que algunos aspectos de las negociaciones fueron viendo la luz
pública (mucho más gracias a filtraciones en la prensa que por
declaraciones oficiales), ciudadanos y organizaciones de todo el
mundo se han manifestado contra el avance de estos acuerdos,
entendiendo que infringen una gran serie de derechos económicos,
sociales, ambientales y políticos. Los nuevos tratados económicos
parecen avanzar, pero la
resistencia también crece:
miles de personas salieron a las calles en Chile para decirle no a la
aprobación del TPP en el Parlamento Nacional, otras miles se han
dejado oír en Alemania durante la última visita de Barack Obama a
la Canciller Angela Merkel. Lo que se discute no es menor: se trata
de vivir en sociedades democráticas o de arrodillarse ante un nuevo
e irresistible soberano, el mercado.
*
Diplomado en Ciencia Política, estudiante de la Lic. en Ciencia
Política. Columnista en Tardecitas en el Barrio, Radio Comunitaria
Barriletes.
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