En nuestro país no existe control estatal sobre los agroquímicos que se utilizan en la producción agropecuaria. Las autorizaciones para la importación, uso, fabricación, etc. responden a los pedidos e intereses de las grandes empresas.
No hay políticas de seguimiento, control, y verificación de efectos nocivos. Nuestro país adhirió teóricamente al principio de precaución (aceptado en casi todo el mundo): “Todo producto debe considerarse nocivo hasta tanto se pruebe que es inocuo”, pero nada hacen las autoridades responsables por su validez y aplicación.
Esto afecta a toda la producción agropecuaria, con algunas excepciones, por ejemplo: los productos que se exportan a mercados que controlan calidad y sanidad (donde se protege la salud de su población).
La producción de soja cubre hoy la mayor parte de la superficie agrícola del país (y en mayor proporción aún en nuestra provincia). Tal como se realiza su cultivo implica el uso masivo de agrotóxicos, por lo que se convierte en el responsable de la mayor contaminación agrícola.
El herbicida Round Up es el más utilizado. Recientes estudios científicos y numerosas evidencias reunidas en años de observación y seguimiento, dan cuenta de sus efectos nocivos sobre la salud humana y el ambiente en general.
Los agrotóxicos en soja se aplican en alta proporción usando aviones pulverizadores y/o máquinas terrestres de gran porte. Ambos sistemas presentan un alto riesgo que las corrientes de aire “deriven” los productos aplicados a grandes distancias.
Además, por su extensión, este cultivo llega a estar muy próximo a áreas habitadas, por lo que es común y frecuente que los productos aplicados afecten a las personas, sus casas, patios, quintas, reservas de agua, animales domésticos. Las consecuencias son las numerosas perturbaciones en la salud que desde hace tiempo se vienen denunciando por los afectados, médicos, abogados, organizaciones sociales (enfermedades respiratorias, de la piel, cáncer, abortos espontáneos, malformación de fetos, muertes). Hay casas y escuelas rodeadas de soja, y hasta en medio de las ciudades hay empresas que depositan y manipulan agrotóxicos sin ninguna precaución. El Estado permanece ausente, las grandes empresas no tienen escrúpulos, y hasta el Poder Judicial actúa con lentitud y desidia.
Todo esto acompañado del silencio cómplice de los grandes medios de comunicación.
Recientemente, desde Presidencia de la Nación (después de avalar durante años la expansión del modelo de monoproducción sojera, entre otras cosas por los enormes ingresos que le genera) se dispuso la creación de una comisión que debería producir un informe sobre éste y otros temas relacionados.
¿Habrá resultados, o sólo será una amenaza en el conflicto que mantiene con las entidades ruralistas??!! En buena medida dependerá de la presión social.
Cabe entonces hacernos las siguientes preguntas:
Ø ¿El modelo de producción agropecuaria actual es el único, o el mejor posible?
Ø ¿Es aceptable, cualquiera sea el argumento, permitir que se siga envenenando a la población?
Ø ¿No debería el gobierno defender el interés social antes que las ganancias de las grandes empresas de los agronegocios?
Ø ¿No son posibles alternativas de producción agropecuaria diversificada y sana?
Ø ¿No deberían estar la Universidad pública, los institutos y el sistema de ciencia y tecnología estatales y las áreas de gobierno vinculadas a la producción agroalimentaria, al servicio de un modelo productivo diversificado, sustentable y sano, que garantice calidad de vida para todos?
Ø ¿Qué ciencia y qué tecnología para qué sociedad?
Ø ¿Es indispensable contaminar, enfermar y hasta matar para producir?
Paraná, 20 de mayo de 2009.-
RED DE COMUNICADORES ALTERNATIVOS
No hay políticas de seguimiento, control, y verificación de efectos nocivos. Nuestro país adhirió teóricamente al principio de precaución (aceptado en casi todo el mundo): “Todo producto debe considerarse nocivo hasta tanto se pruebe que es inocuo”, pero nada hacen las autoridades responsables por su validez y aplicación.
Esto afecta a toda la producción agropecuaria, con algunas excepciones, por ejemplo: los productos que se exportan a mercados que controlan calidad y sanidad (donde se protege la salud de su población).
La producción de soja cubre hoy la mayor parte de la superficie agrícola del país (y en mayor proporción aún en nuestra provincia). Tal como se realiza su cultivo implica el uso masivo de agrotóxicos, por lo que se convierte en el responsable de la mayor contaminación agrícola.
El herbicida Round Up es el más utilizado. Recientes estudios científicos y numerosas evidencias reunidas en años de observación y seguimiento, dan cuenta de sus efectos nocivos sobre la salud humana y el ambiente en general.
Los agrotóxicos en soja se aplican en alta proporción usando aviones pulverizadores y/o máquinas terrestres de gran porte. Ambos sistemas presentan un alto riesgo que las corrientes de aire “deriven” los productos aplicados a grandes distancias.
Además, por su extensión, este cultivo llega a estar muy próximo a áreas habitadas, por lo que es común y frecuente que los productos aplicados afecten a las personas, sus casas, patios, quintas, reservas de agua, animales domésticos. Las consecuencias son las numerosas perturbaciones en la salud que desde hace tiempo se vienen denunciando por los afectados, médicos, abogados, organizaciones sociales (enfermedades respiratorias, de la piel, cáncer, abortos espontáneos, malformación de fetos, muertes). Hay casas y escuelas rodeadas de soja, y hasta en medio de las ciudades hay empresas que depositan y manipulan agrotóxicos sin ninguna precaución. El Estado permanece ausente, las grandes empresas no tienen escrúpulos, y hasta el Poder Judicial actúa con lentitud y desidia.
Todo esto acompañado del silencio cómplice de los grandes medios de comunicación.
Recientemente, desde Presidencia de la Nación (después de avalar durante años la expansión del modelo de monoproducción sojera, entre otras cosas por los enormes ingresos que le genera) se dispuso la creación de una comisión que debería producir un informe sobre éste y otros temas relacionados.
¿Habrá resultados, o sólo será una amenaza en el conflicto que mantiene con las entidades ruralistas??!! En buena medida dependerá de la presión social.
Cabe entonces hacernos las siguientes preguntas:
Ø ¿El modelo de producción agropecuaria actual es el único, o el mejor posible?
Ø ¿Es aceptable, cualquiera sea el argumento, permitir que se siga envenenando a la población?
Ø ¿No debería el gobierno defender el interés social antes que las ganancias de las grandes empresas de los agronegocios?
Ø ¿No son posibles alternativas de producción agropecuaria diversificada y sana?
Ø ¿No deberían estar la Universidad pública, los institutos y el sistema de ciencia y tecnología estatales y las áreas de gobierno vinculadas a la producción agroalimentaria, al servicio de un modelo productivo diversificado, sustentable y sano, que garantice calidad de vida para todos?
Ø ¿Qué ciencia y qué tecnología para qué sociedad?
Ø ¿Es indispensable contaminar, enfermar y hasta matar para producir?
Paraná, 20 de mayo de 2009.-
RED DE COMUNICADORES ALTERNATIVOS
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