Algunas lecturas proporcionadas por la gente del Área de Comunicación Comunitaria de la Facultad de Comunicación (UNER) sobre la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual:
Por una comunicación democrática
Por Claudia Ardini, Directora de Ciencias
de la
Información.
La Ley de Servicios de Comunicación
Audiovisual en la
Argentina vino a transformar el paradigma de la libertad de
expresión, por una
concepción participativa, dialógica y plural: el derecho a la
comunicación.
Asistimos a un proceso de transformación heredado del
liberalismo político de
los ´90 donde se pretendía un Estado anémico por aquel miedo al
intervencionismo aplastante. Ello configuró un escenario en
donde un puñado de
actores desencadenaron un tipo de libertad entendida como
'laissez – faire'
(Albert, 1981) y convirtieron paulatinamente el mapa de medios
de la Argentina,
consagrando una concentración sin precedentes.
Las grandes corporaciones mediáticas
trabajan con una
lógica de producción que entiende a los ciudadanos como
consumidores de medios
y a los periodistas como trabajadores de la prensa. Una praxis
perversa y para
los comunicadores no menos que injuriosa y alienante haciéndonos
olvidar
nuestra esencia: producir sentido para problematizar y
transformar la realidad.
A Rodolfo Walsh le bastaron cinco palabras para comprender que
el periodismo no
sólo debe vigilar el entorno como versan los viejos profetas
funcionalistas.
"Hay un fusilado que vive" le dijeron. El resultado fue
Operación
Masacre, obra maestra del periodismo y la literatura en la
búsqueda de la
justicia.
La "Ley de Medios" nos desafía a trascender
esta
cadena productiva del liberalismo para adentrarnos en un
contexto que demanda
responsabilidad, democracia y pluralismo en la comunicación.
Amplía la potestad
a nuevos actores que descubren en la comunicación un medio para
transformar la
realidad. No se reemplaza el papel del periodista en la
sociedad, una radio
comunitaria no suplanta el informativo del mediodía, un
sindicato no produce el
magazine de la radio más escuchada del país. Las voces de nuevos
actores se
potencian y cada uno comunica desde su trayectoria histórica,
sus
construcciones simbólicas y sus intereses dialogando con
diversos ciudadanos
reconociendo sus diferencias y entramados culturales.
La libertad de expresión se mantiene
intacta y la ley de
servicios de comunicación audiovisual se constituye como el
marco normativo
para asegurar el derecho a la comunicación.
Por esta razón, reafirmamos que la Ley de
Medios concibe a
la comunicación como un derecho humano fundamental, garantiza la
pluralidad de
voces, la distribución equitativa de frecuencias, la diversidad
de fuentes de
información, promoción del trabajo y la producción local, con
claros límites a
la concentración monopólica y oligopólica.
Desde la Escuela de Ciencias de la
Información de la UNC,
como integrantes de la Coalición por una Radiodifusión
Democrática, entendemos
que el Estado tiene el derecho y el deber de ejercer su rol
garantizando la
diversidad cultural, el pluralismo y el protagonismo del pueblo.
Hablamos de democratizar la cultura y la
comunicación, y
tenemos que llenar de contenido esas palabras. Preguntarnos
quiénes son los
sujetos protagonistas de esa democracia, qué lugar tienen en la
cultura y qué
contenidos se comunican.
Hoy la lucha por la efectiva vigencia de la
ley de
servicios de comunicación audiovisual es la lucha por restituir
el lugar del
protagonismo social cultural y político al pueblo.
Alguien dijo alguna vez que no debiera
haber ningún tema
vinculado al interés de la nación que no pueda ser hablado en la
mesa familiar
de todos y cada uno de los argentinos. Esos temas deben entonces
ocupar primero
un lugar en el debate de los medios. Cuando se desvía el eje
hacia cuestiones
que son accesorias, a discusiones estériles, de esos temas
trascendentes para
la nación hablan y lo que es peor, deciden otros.
El 7D, la bisagra hacia un nuevo mapa de
medios
Nahúm Mirad - Coordinador del programa
Usina de Medios
El próximo 7 de diciembre vence el plazo
para la
readecuación de las diferentes empresas mediáticas a los límites
fijados por la
Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Específicamente,
este elemento de
la normativa es central para alcanzar los objetivos perseguidos
por la misma:
darle espacio a otras voces. Pero cuando decimos voces, no solo
decimos voces.
Decimos también oídos. Porque además de la libertad de expresión
está en juego
el Derecho a la información (consagrado por la Constitución
argentina) y la
posibilidad de que los ciudadanos de cada región puedan acceder
a una
comunicación que no contenga el "regionalismo impostado"
(incluso con
buenas intenciones) con que a veces se tiñe el "federalismo" de
los
medios de comunicación originado en las grandes urbes,
especialmente Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Hablar "del interior" desde Buenos
Aires no
es federalismo, tampoco hablar del "interior" desde el
"interior".
Federalismo implica una industria de medios distribuida en todo
el país, con la
posibilidad de que las propias comunidades moldeen su identidad
con su
historia, su economía, su desarrollo y su relación con el todo
nacional.
En este momento, donde el escenario social
creado y
recreado por los medios (cualesquiera sea su soporte) ya no
constituye un mero
mecanismo de difusión, sino un verdadero sistema de
relacionamiento
absolutamente complementario y fusionado al de las interacciones
interpersonales, la biodiversidad comunicacional toma un rol
protagónico:
genera ciudadanía garantizando de manera directa e indirecta
derechos como el
ya mencionado de la información, pero también el derecho a la
cultura, a la
educación, al entretenimiento, incluso a la salud y al trabajo.
El sistema de medios no puede entenderse
como pequeñas
unidades aisladas, sino más bien como una inmensa red con
diferentes puntos
interaccionando, intercambiando diferentes tipos de recursos.
Cuando algunos
nodos, por diferentes razones, no permiten que otros puedan
relacionarse y
utilizar recursos, estamos ante una situación de restricción no
sólo de el
acceso, por ejemplo, a la renta publicitaria, al papel para
periódicos, a la
salida en una nota de interés regional o la presencia de una
señal de interés
público en una grilla de TV por cable, sino fundamentalmente del
ejercicio de
ciudadanía. Hablamos, así, de redes concentradas. Esa es la
situación que hoy
está en debate en nuestro país. Así las cosas, el conocido como
7D no sólo
significa un límite legal y absolutamente legítimo a que la
lógica empresaria
concentrada sea la única matriz que ordene el sistema de medios,
ese espacio de
conformación de ciudadanía. "El sistema de medios es demasiado
importante
para dejárselo a los grupos concentrados", podríamos decir
impostando la
frase atribuida a Georges Clemenceau.
La Ley de Servicios Audiovisuales prevé
tres tipos de
actores en el reparto de las licencias para ejercer la actividad
audiovisual:
El estado, las empresas comerciales y el sector sin fines de
lucro. Parte de
este último espacio es la economía solidaria argentina,
compuesta por más de
20.000 cooperativas y mutuales que producen cerca del 10 por
ciento del PBI e
involucran a unas 14 millones de personas en todo el país. Este
sector
desarrolla servicios públicos en más de la mitad de los
municipios de
Argentina, es responsable del 45 por ciento de la producción
láctea, del 97 por
ciento de la electrificación rural, del 60 por ciento de la
oferta de seguros,
entre otros ítems de consideración.
Las cooperativas y mutuales tienen la
historia, la
capacidad de gestión, la inserción territorial y el arraigo
social y cultural,
los recursos materiales y humanos y, fundamentalmente, la
experiencia en las
infotelecomunicaciones, como para constituirse en un vector que
contribuya a
redibujar el mapa del sistema de medios argentino.
La integración e intercooperación,
medulares en la
economía solidaria, y las capacidades derivadas de ellas de
agregar valor,
conformar entramados organizativos sólidos donde conviven
pequeñas unidades
productivas (entre ellas pymes) y fuertes actores, con la
titularidad de
cientos de miles de mujeres y hombres que participan
democráticamente, son
clave para construir redes comunicativas fuertes y distribuidas
en todo el
territorio, ricas en capacidades y posibilidades, capaces de
priorizar el
concepto de Servicio Público. Creemos que esta perspectiva es
una de las claves
para transitar la brecha histórica abierta en el sistema de
medios de nuestro
país por la presencia de nuevos actores, las iniciativas
gubernamentales en
materia de infraestructura y legislativa, y las nuevas
tecnologías.
Poder para Poder
Mario Farías - Integrante del Foro
Argentino de Radios
Comunitarias (FARCO)
La Ley de Medios 26.522 significa y es una
herramienta del
pueblo para:
- Poder decir
- Poder hablar
- Poder construir
- Poder para distribuir la riqueza, para
que sea
disfrutada por tod@s y no por unos pocos
- Poder para visibilizar la diversidad y el
país
multicolor
- Poder para redistribuir las licencias y
medios hoy
concentradas en manos de los monopolios
- Poder para escuchar, uno, dos, muchos
relatos sociales
- Poder para que las mayorías populares
accedan a una vida
digna
- Poder para que los grupos económicos y
factores de poder
tengan menos poder
- Poder popular
- Poder para soñar
- Poder para poder hacer el país de tod@s.
Una ley para las palabras que nos habitan
Judith Gerbaldo - Docente e investigadora
de la ECI – UNC
La ley habilita, posibilita, abre caminos.
Antes la
titularidad de las licencias estaba condicionada por la riqueza
y el
patrimonio, mientras que la nueva Ley somete dicha titularidad a
criterios de
idoneidad y trayectoria. Lo que sustrae a la palabra de su
mercantilización y
la ubica en un campo social poblado de voces, imágenes y
acciones múltiples. Y
allí no hay dispositivos k que funcionen. Entendemos que se
propiciará un
proceso de construcción de nuestra propia identidad como país,
en torno a un
horizonte común que apunte a democratizar la sociedad a partir
de la
democratización de la palabra. La ley impactará en la vida
cotidiana en el
sentido en que lo plantea AgnesHeller, contribuirá para que la
ciudadanía
crezca en su mirada crítica acerca del juego de los medios y los
monopolios.
¿Cómo y de qué manera se construye el
nosotros desde una
comunicación inclusiva?¿Dónde y cómo buscar los espacios de lo
colectivo? ¿De
qué manera incide la nueva ley de medios en la construcción de
nuestra
identidad? Algunos indicios lo constituyen un marco regulatorio
amplio, con reconocimiento
de otros lugares de producción de sentidos y capacidad para
regular otras
modalidades de gestión de medios, ubica a la Ley como
habilitadora de un nuevo
sentido de lo común en materia de comunicación, por cuanto el
escenario de la
nueva ley nos exige recuperar el valor de la palabra pública,
largamente
privatizada.
La aprobación de la Ley de SCA ha sido un
gran avance, su
incidencia en la estructura del sistema de medios es decisiva:
el escenario que
plantea no sólo supone la adecuación del sistema de medios
privados, también
renueva el sentido y características de los medios públicos y
los de gestión
social. Como parte del proceso, la discusión por la Ley puso en
cuestión como
nunca antes, el rol del periodismo y los intereses que
representan los medios
de comunicación; instaló una política cultural dialógica, como
reconocimiento
de que la cultura es una urdimbre de palabras y de voces, de
identidades y
visiones del mundo, con la mirada esperanzada en ese otro mundo
posible que
tenemos como horizonte.
Luego de la sanción de la Ley 26.522, la
más democrática
de las últimas décadas, precedida por un debate casi inédito en
la sociedad
argentina (la Coalición por una Radiodifusión Democrática lanzó
la propuesta de
los 21 Puntos en el año 2004), sabíamos que los grupos
mediáticos que controlan
el 90% de la información y la comunicación en el país iban a
recurrir a la
justicia para impugnarla. Quizás no imaginamos en su magnitud,
la presta y
dócil respuesta de muchos jueces ante la presentación de medidas
cautelares,
favoreciendo de hecho la posición de los grupos concentrados.
Mientras se
dirimen en tribunales algunos artículos de la ley, y el país
está en vilo a la
espera del 7D , se debe avanzar en su efectiva implementación.
Los cambios
previstos la AFSCA – Autoridad Federal de Servicios de
Comunicación Audiovisual
-, en particular la designación de Martin Sabbatella, conlleva
el anhelo que el
organismo tenga una estructura organizativa, técnica y política
acorde a las
exigencias de la nueva ley, se designen las representaciones
previstas en la
misma como por ejemplo la figura del Defensor del Público, la
promoción y
estímulo de nuevos medios de gestión social, otorgando en los
lugares donde sea
posible, nuevas licencias de radio y TV, que se fomente la
producción de
contenidos locales y regionales y se continúe con el impulso a
la producción
audiovisual (algo impensado años atrás), destinar recursos a los
medios
comunitarios, alternativos y populares existentes para su
fortalecimiento,
acelerar la construcción de plantas de transmisión de TV digital
en todo el
país, apurando la entrega gratuita de miles de conversores para
la recepción de
TV digital, etc. Asi como en el plano de las carreras
universitarias de
comunicación del país, se espera la adecuación y/o cambio de
planes de estudios
para la formación de comunicadores capaces de hacer frente a los
enormes
desafíos que se avecinan. Porque sabemos que sin la definitiva
democratización
de la palabra, no será posible una más justa distribución de la
riqueza.
Democracia en octubre
Alberto Calvo - Relaciones
Institucionales de la
Cooperativa de Provisión y Comercialización de Servicios
Comunitarios de
Radiodifusión Limitada (COLSECOR)
Si pensamos en un presente entre la memoria
y las utopías
puede inscribirse nuestro imaginario ciudadano en la
temporalidad de octubre.
Las referencias de valores simbólicos del
registro
histórico de este mes, nos instala en el haber, los derechos
sociales y las
libertades individuales en la conformación de la Nación.
En octubre de 1860 se promulgó la
Constitución Argentina
de 1853.
El 30 de octubre de 1983 es el "Día de la
restauración de la democracia"; fecha histórica donde se
realizan las
elecciones de nuestros representantes legítimos, luego de la
dictadura militar
y las atrocidades cometidas por los genocidas.
Es oportuno destacar que en la extensa
territorialidad que
tiene presencia el cooperativismo de servicios públicos, hubo
una importante
resistencia de nuestras entidades defendiendo una reserva de
democracia en el
marco de las arbitrariedades que imponían las juntas militares
autoritarias.
De la intolerancia y barbarie del
autoritarismo fuimos
víctimas con el silenciamiento de nuestras voces al no
permitirnos ser actores
de comunicación.
Octubre trajo una reparación histórica al
cooperativismo:
la promulgación y sanción de la Ley de Servicios de Comunicacion
Audiovisual el
10 de octubre de 2009.
La dictadura no permitió la comunicación
cooperativa.
Durante 26 años la democracia sostuvo esta
proscripción a
la sociedad civil.
Hoy como cooperativas, comunicamos. Tenemos
derecho. Es
Ley.
Fuente: Escuela de Ciencias de la
Información
Área
de Comunicación
Comunitaria - Facultad de Ciencias de la Educación
Buenos
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(0343)
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