Aproximaciones a la violencia social
COMO UNA BANDA DESCONTROLADA
La violencia
social como interrogante, horizonte de análisis y continente de
distintas aristas. Lejos, en intención y en logro, de agotar el tema
o abarcar el universo, pero expresando desde este breve artículo, la
preocupación institucional por encontrar la punta del ovillo.
El
mensaje de texto se coló furtivo en la pantallita gris claro del
celular de Silvia, como si le faltara el permiso para molestar a esta
mujer desconocida que representaba una esperanza. No pudo verlo de
inmediato, lo advirtió en la cola del chino de a la vuelta, no era
timidez lo que espejaba, sino terror: “me dijeron que
ud. me puede ayudar, no aguanto más los golpes, quiero que termine,
me enloquece con sus celos ¿qué puedo hacer?”
. . .
La violencia, el
abuso de poder y la fuerza tienen mil y una maneras de expresarse.
Pero
no se puede abordar ni comprender el fenómeno de la violencia
familiar y de género sin considerar la matriz cultural, patriarcal,
que encumbra al hombre como vértice superior de una familia
piramidal con roles grabados a fuego, donde la mujer y los niños y
niñas subordinan sus deseos, libertades, expectativas y derechos a
las necesidades y conveniencias del macho adulto. En este esquema,
todos aportan al sostenimiento del modelo y así, siempre la cadena
encontrará en el eslabón más débil -la mujer, el niño, el
anciano- a la víctima obligada y silenciosa de una cultura violenta.
La Lic. Cecilia
Oroná(1) entiende que “en
la comunidad, los modelos de relación social son violentos”. La
violencia es la manera de relacionarse, la violencia en términos de
pasar al acto y que no haya mediación por la palabra, que no haya
posibilidad de negociación, que se imponga al otro una manera de
acción, que es la propia del más fuerte, del avasallante, del
manipulador, del psicópata.” agrega.
Muchos
niños, por imperio de la antigua ley del patronato, fueron
avasallados en sus derechos por un Estado que, tras el discurso de la
sobreprotección, en realidad los privaba de la libertad, los
separaba de sus familias y profundizaba la victimización a la que la
propia vida los condenaba. Sobre esto, la Lic. Oroná es clara, desde
su propia experiencia de trabajo: “...vos veías expedientes en el
COPNAF de chiquitos de cinco años que tenían siete medicaciones
psiquiátricas, y lo leías diez años después, porque tenías que
ir a hacer una visita e informarle a la justicia en qué condiciones
estaba o donde vivía... La actitud del violento y la violencia en sí
no se discutían ni se planteaban como ahora.”
Nuevas
leyes para cambiar viejas prácticas
Desde
el año 1999, la provincia de Entre Ríos cuenta con la ley 9198, de
“Prevención de la violencia familiar, Protección y Asistencia de
las personas involucradas en la problemática” que en su artículo
3º establece que “Toda persona que sufriere daño psíquico
o físico, maltrato o abuso por parte de algún integrante
del grupo familiar conviviente, podrá denunciar estos hechos
en forma verbal o escrita por ante el juez con competencia en lo
civil o comercial [N.de la R.: actualmente Juzgados de Familia] o
el Juzgado de Paz más cercano a su lugar de residencia. Se entiende
por grupo familiar conviviente al formado por aquellas personas
unidas por lazos de parentesco, sanguíneos o no, aunque
provenga de uniones de hecho y que comparten la vivienda en
forma permanente o temporaria.” A su vez, el siguiente artículo
habilita a realizar la denuncia en caso de menores, incapaces o
discapacitados, a sus representantes legales o el Ministerio Público,
aunque sí puede el propio menor poner en conocimiento de aquellos
los hechos.
Años
después, el Poder Ejecutivo convierte en decreto reglamentario el
trabajo conjunto de una Mesa interinstitucional con representación
de distintos estamentos del Estado así como de la universidad y
organizaciones sociales vinculadas a la materia.
Es
así que, reglamentando el art. 1ro. de la ley 9198 define para la
ley qué se entiende por violencia familiar, violencia física,
psicológica, sexual y patrimonial o económica.
Para el tratamiento
institucional de la violencia de género, Entre Ríos optó por
adherir a la ley Nacional Nº26485 que en su artículo 4to. define la
violencia contra la mujer como: “...toda
conducta, acción u omisión, que de manera directa o indirecta,
tanto en el ámbito público como en el privado, basada en una
relación desigual de poder, afecte su vida, libertad, dignidad,
integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial,
como así también su seguridad personal. Quedan comprendidas las
perpetradas desde el Estado o por sus agentes. Se considera violencia
indirecta, a los efectos de la presente ley, toda conducta, acción
omisión, disposición, criterio o práctica discriminatoria que
ponga a la mujer en desventaja con respecto al varón.”
También
establece los tipos de violencia: Física:
La que se emplea contra el cuerpo de la mujer produciendo dolor, daño
o riesgo de producirlo y cualquier otra forma de maltrato agresión
que afecte su integridad física; Psicológica
aquella
que causa daño emocional y
disminución de la autoestima o perjudica y perturba el pleno
desarrollo personal o que busca degradar o controlar sus acciones,
comportamientos, creencias y decisiones, mediante amenaza, acoso,
hostigamiento, restricción, humillación, deshonra, descrédito,
manipulación aislamiento, entre otros supuestos; Sexual:
sin exigir en este caso necesariamente el acceso genital, sólo la
vulneración del derecho a decidir voluntariamente acerca de su vida
sexual o reproductiva; Económica
y patrimonial
y finalmente la violencia Simbólica
que es aquella que, a través de patrones estereotipados, mensajes,
valores, íconos o signos “transmita y reproduzca dominación,
desigualdad y discriminación en las relaciones sociales,
naturalizando la subordinación de la mujer en la sociedad.”
La ley, si bien
apunta a promover valores que fortalezcan la igualdad de géneros, el
fin de la discriminación y de toda violencia, por necesidad hace
especial hincapié en mecanismos que permitan a la mujer el rápido
acceso a los distintos estamentos del Estado que le permitirán
frenar o evitar el ejercicio abusivo de cualquier tipo de violencia
en su contra.
La letra herida o
del dicho al hecho
Para la aplicación
de estas leyes, se ponen en funcionamiento mecanismos urgentes que
involucran a los tres poderes del Estado, siendo el Poder Judicial el
más demandado en su accionar, y también el más criticado
socialmente en los lamentables casos en que la justicia no alcanza a
detener un femicida o un victimario. La problemática de la violencia
familiar y de género es abordada principalmente por los juzgados de
familia -en los lugares donde estos existen- o los juzgados de Paz en
ciudades más pequeñas, y también por la recientemente creada
Unidad Fiscal de Violencia de Género, existente únicamente en
Paraná. Si bien es cierto que a partir de una mayor comprensión del
problema, magistrados, funcionarios y empleados de la justicia
priorizan estos trámites por sobre otros, también es cierto que en
muchos casos se trabaja en ámbitos totalmente inadecuados para el
abordaje respetuoso de las situaciones, con limitadísimos recursos
humanos y notable falta de coordinación entre los poderes del
Estado, lo que atenta contra la mayor efectividad.
Para muestra baste
un botón: el art. 8 de la ley de Violencia Familiar establece que
“El
juez requerirá de un diagnóstico sobre la situación familiar
efectuado por peritos de diversas disciplinas el cual deberá ser
elaborado en un plazo de 24 horas pudiéndose prorrogar, atento a la
gravedad del caso, en un plazo no mayor de 48 horas.”.
Para cumplir con esto, se cuenta con un Equipo Interdisciplinario
constituido por sólo 6 profesionales de la salud, de los cuales sólo
1 es titular con una categoría de las más bajas del escalafón de
empleados del Poder Judicial. Del resto, hay dos adscriptas y las 3
restantes son personal sin estabilidad, promediando los ocho años de
antigüedad en estas condiciones y revisten en la categoría más
baja del escalafón. Con este limitadísimo plantel, dicho equipo
debe encargarse de citar y entrevistas a los integrantes de los
grupos familiares, realizar las entrevistas al menos con agresor y
agredida, en cada una de las 450 denuncias que ingresaron en los
cuatro primeros meses de 2016, lo que implica un aumento del 30 %
respecto de igual período del año anterior.
Sin
decisiones políticas en acto, las leyes lentamente se vuelven letra
muerta y los floridos discursos del poder suenan como burlas frente a
la impotencia y el dolor de las víctimas.
MUPEA: mujeres
por mujeres
En el año 2000, un
grupo de vecinas de los barrios del suroeste de Paraná deciden
organizarse para abordar la problemática del embarazo adolescente.
Habían egresado como Promotoras Psicolegales, de una completa
capacitación brindada por el Programa Municipal de la Mujer.
Nacía MUPEA
(Mujeres Unidas en Prevención del Embarazo Adolescente).
Desde su nacimiento,
la organización se constituyó en un bastión de la lucha por la
igualdad de género, protegiendo con uñas y dientes los derechos de
niños abusados, mujeres violentadas, ancianos y ancianas
desprotegidos en una geografía amplia comprensiva de los barrios
Paraná V, Predolini, Hipódromo, Rocamora, Villa Mabel, Villa 351
entre otros.
Silvia Cersofios,
integrante fundadora de MUPEA, quien recibiera en su celular aquel
mensaje de texto -uno de tantos- que citáramos al inicio de la nota,
señala que hay una suerte de protocolo de acción frente a estas
situaciones, que en muchos casos las lleva a arriesgar su propia
integridad física y las de sus familias, al tener que enfrentar a
violentos y abusadores. En el supuesto de aquel pedido de auxilio
anónimo recibido, la consigna en primer lugar es lograr tomar
contacto directo con la víctima, identificarla y en lo posible
acudir al domicilio. La persona se negará a recibir un llamado por
el terror que la invade y por esta razón deben agudizar el ingenio
para informarse respecto de la existencia de lesiones, otras víctimas
en el domicilio, etc. Generalmente serán Silvia o Teresa Ramírez,
su hermana y segundo pilar de MUPEA quienes asumirán la
responsabilidad de llegar hasta el domicilio del hecho. La excusa
buscada puede ser una visita de ocasión, o el ofrecimiento de llevar
los niños a la escuela o ayudarlos con la tarea. La idea es tomar un
conocimiento cabal del caso para evaluar qué hacer.
En ocasiones, una
mujer desesperada, tal vez descalza o con poca ropa, en horas de la
madrugada, sola o con sus niños, golpeará la puerta de una
integrante de MUPEA. “Lo primero es la contención -nos dice
Silvia- escucharla, tranquilizarla. Preguntará qué va a pasar si se
lo denuncia, si irá preso, si se lo sacará de la casa, o quién la
protege si ella vuelve a la casa.” Habrá mujeres que no querrán
volver más a su hogar por el terror que han vivido, en este caso se
le busca algún lugar donde se sienta segura y él no pueda
molestarla. Muchas evitan recalar en viviendas de familiares para
evitarles el mal trago de posibles situaciones con el agresor.
Tristemente, también ocurre que, familiares, acusan a la víctima de
habérsela buscado o echándole la culpa de haber elegido a esa
pareja. En estos casos, las Casas Refugio son la última alternativa.
Teresa introduce en
la charla un elemento a veces difícil de entender: “A veces por
miedo no quieren denunciar. Algunas vienen decididas y otras
prefieren esperar, pensarlo. No es una decisión fácil, porque hay
condicionamientos sociales, económicos, culturales”. El alcohol,
la droga, los celos, son presencias insoslayables a la hora de
alumbrar las causas, pero el sustrato es más profundo, histórico y
cultural: el machismo, que lleva al hombre a considerar a la mujer
como un objeto de su propiedad, una cosa y como tal, pasible de
cualquier maltrato.
En el caso que la
víctima decida formular su denuncia, una integrante de MUPEA la
acompañará a la comisaría cercana. Tanto la policía como el Poder
Judicial y los diversos estamentos del Poder Ejecutivo, hoy por hoy,
reconocen y respetan el trabajo de estas valientes mujeres y es por
eso que les permiten en la mayoría de los casos asistir a las
víctimas como facilitadoras o consejeras frente al triste y
burocrático mundo que se le abre a partir de la radicación de la
denuncia, y que implica no sólo lidiar con su dolorosa cotidianeidad
sino con una serie de entrevistas diagnósticas a cargo de equipos
técnicos, audiencias en la justicia, exámenes médicos, cambios de
domicilio y muchísimas vicisitudes más.
Hay casos complejos
y difíciles, cuenta Silvia Cersofios: “Trabajamos junto al COPNAF
en el caso de una mujer que, luego de abandonar su hogar por la
violencia vivida, comenzó a deambular con sus hijos por la calle,
durmiendo en cualquier lugar durante varios días. Por seguridad de
los niños, el organismo los tomó a su cargo. Si bien ella no quería
ir a vivir con su madre, porque como pasa en muchos casos, ésta la
culpaba de la situación, finalmente, para poder estar con sus hijos,
acepta esta última alternativa. Muchas veces la mujer tiene hábitos
que la sociedad puede reprocharle: no cuida debidamente a los hijos,
o le gusta demasiado salir a bailar, o lo que sea, pero nunca eso
puede ser justificativo para un golpe, una cosa no tiene que ver con
la otra.”
La tarea de estas
mujeres defendiendo a mujeres, en barrios humildes de nuestra ciudad,
no es para cualquiera, requiere capacidad, formación, valentía y
sobre todo un compromiso de acero. Las integrantes de MUPEA son
conocidas pero, al decir de Teresa, “a veces el hecho de conocernos
es beneficioso porque es como que los golpeadores se cuidan de
nosotras. Pero en otros casos no tanto porque ya saben que si vamos a
una casa es porque intentamos intervenir. Muchas veces nos amenazan,
pero hay que seguir”
Nos quedó flotando
la pregunta del millón. Vapuleados por las terribles estadísticas
sobre femicidios, acobardados por los casos que llegan a los estrados
judiciales de violencia familiar y de género, cada vez más
frecuentes, nos preguntamos si sirve, realmente, el accionar de tanta
gente como las integrantes de MUPEA, para liberar a las víctimas de
este sufrimiento.
Silvia es
contundente: “Muchas veces me encuentro con mujeres a las que hemos
ayudado, me cuentan que están mejor, que pudieron salir, superarse.
Yo siempre les digo que el proceso es de seis meses a un año, que
cuesta pero se sale”
Violencia y salud
Mental
En el terreno de las
matrices culturales y la acción de las instituciones, la Salud
Mental ha sido propicia para el ejercicio de la violencia, para
ayudarnos a formatear sujetos violentos en grupos sociales violentos.
“Ahora
por suerte, las leyes priorizan los derechos humanos -acota la Lic.
Cecilia Oroná, refiriéndose especialmente a la nueva ley de Salud
Mental Nº 26657- es una base importante para pensar el derecho,
respetar los derechos de las personas, es un gran cambio, un cambio
fundamental, aunque haya que aceitar un montón de cuestiones en
términos de procedimiento, y de necesidades y responsabilidades,
porque esto anteriormente no era así.”
“He
ido a hacer auditorías en psiquiátricos, con la anterior
legislación, y veía situaciones de personas a las que se les
quitaba su identidad, sus derechos patrimoniales, solamente porque su
salud mental estaba afectada. Eso se actuó así porque la ley lo
permitía y aún hoy la gente pide y demanda eso en el Estado, no a
pedir un tratamiento, un soporte, 'quiero que me lo saquen de
encima' y por muchos años la justicia hizo eso porque es lo que
había que hacer.”
Agrega
“Un paciente de salud mental, un padeciente, puede tener un montón
de aristas en su comportamiento que signifiquen violencia: un
alcohólico es violento, la familia de un alcohólico se destruye por
la violencia, por impotencia y frustración frente a su rol, por la
violencia que se genera a partir del consumo y la abstinencia, por un
montón de cuestiones que tiene que ver con la adicción. Las
adicciones son violentas porque exigen el consumo, la compra y entra
la persona a circular en situaciones, grupos, instituciones, en esto
del mercado que hace que las armas estén al orden del día. El que
te vende si no le comprás te termina liquidando.”
El plan perfecto que ha salido mal
La
inefable murga uruguaya Agarrate Catalina plasmó en una desgarradora
canción, una fotografía de la violencia social y económica, la que
margina, la que ha sido diseñada por un sistema capitalista que es
impiadoso con aquellos a los que descarta, y que cuenta con el Estado
como mano de obra barata para formatear las relaciones:
“...Mi vida es un
infierno, mi padre es chorro, mi madre es puta,
vos me mandás la
yuta y yo te mando para el cajón.
Yo soy el error de
la sociedad,
soy el plan
perfecto, que ha salido mal.
Vengo del basurero
que este sistema dejó al costado,
las leyes del
mercado me convirtieron en funcional....”
Es
el Estado el responsable de la solución para la violencia de todo
tipo, no tanto para su castigo sino, como dice la Lic. Oroná, para
la prevención “El Estado es el que previene, pero responsables
somos todos. Una persona se constituye en una historia particular que
está ligada a los accidentes, eventos que no eligió y que la van
armando como persona. Cuando vos decís que alguien se constituye
como persona no es que nace y ya está. Lo hace mediante un proceso
en el cual los afectos, los modos de resolver situaciones, la
respuestas que recibe, las que puede aprender a dar son de un modo
determinado y ese modo puede ser violento: el hambre es violencia, el
abandono es violencia, el desamparo es violencia.”
Hay
una responsabilidad directa del Estado. Pero el Estado es también
quienes lo han formateado, conducido, determinado con su hacer o
evitar. La actual epidemia de violencia social, familiar,
institucional, etc. tiene rostros, nombres y apellidos ligados al
ejercicio del poder.
El
Estado es responsable porque define un sistema económico que
contiene o expulsa, que pacifica o violenta. Cuando falta el trabajo,
cuando el proyecto de vida es tener cada día más y nunca alcanza,
cuando la angustia y la desazón se apoderan de los jóvenes
olvidados de las políticas, cuando se hace la vista gorda a los
negociados, cuando se favorece implícita o explícitamente la
apropiación de la renta por parte de una minoría de privilegio y se
aleja a las mayorías del acceso a los bienes materiales y simbólicos
que permiten respirar el aire sano, el descanso merecido, la cura a
la enfermedad, el acceso al conocimiento, el disfrute del amor y la
paz, es irremediablemente la violencia la válvula de escape, la
pared donde estrellarse.
Queremos
al Estado en otro lugar, el de aquel que compensa el desequilibrio,
el que vuelca la balanza poniendo el dedo sobre el platillo del que
siempre perdió. No hay parches ni engaña pichanga para la violencia
por más que algún femicidio pueda evitarse o algún adolescente sea
rescatado del consumo y la vida en riesgo. Hacen falta políticas y
decisiones, hace falta el largo aliento, el cambio cultural promovido
y ejercido desde arriba y desde abajo. Lo otro, será sólo seguir
alimentando estadísticas y más llanto sobre la leche derramada.
(1) Cecilia Oroná, Lic. en Servicio Social y en Psicología, se ha desempeñado en distintas áreas del Estado Provincial como Salud Pública, Copnaf, Casa del Joven, Centro Huella y actualmente en el Departamento Médico del Poder Judicial de Paraná.
Violencia familiar y de género: una mirada desde la justicia
UN
MAYOR COMPROMISO DE TODOS
Por
Dr. Tulio Rodriguez Signes (Juez de Familia de Paraná)
Cada
mañana que llega a mis manos una denuncia de violencia familiar o de
género intento imaginar el cuadro familiar que encierra este
terrible flagelo. En general, es la mujer que denuncia la situación
de violencia. También, en la mayor parte de los casos, es esta quien
la padece en forma directa. Sin embargo, también hay otras personas
involucradas.
Las
estadísticas no mienten (muere una mujer víctima de violencia cada
30 horas). A menudo nos preguntamos ¿porqué se llega a esto?
¿porqué tanto ensañamiento? Existen datos que hoy salen mayormente
a la luz en los medios de comunicación donde la violencia familiar y
la violencia de género excede largamente la idea de violencia
física.
Sin
embargo, si bien sabemos que existen caracteres o denominadores
comunes que deben poner en alerta a todo el aparato del Estado, y
pese a que estos indicadores se han expandido drásticamente en la
mayor parte de los casos que llegan a los Tribunales, no se advierten
grandes avances. Me refiero en concreto, a la drogadicción como uno
de los mayores problemas que debe ser abordado urgentemente pues se
advierte un aumento de casos que por lo general, desencadenan delitos
de tipo penal. Veamos, la droga es un elemento que destruye a las
personas y por ende, a la familia en su conjunto. Las situaciones de
consumo aparecen no solo en las denuncias de violencia familiar, así,
nos encontramos frases como "me separé porque consumía"
(en un proceso de divorcio); "no quiero que los chicos estén
con él porque vive drogado" (hecho narrado en un juicio de
tenencia, hoy denominado de “cuidado personal”; "lo echaron
del trabajo porque consumía mucho y ahora no puede pasarme la cuota"
(referencia hecha en un juicio de alimentos) son ejemplos cotidianos
de lo que sucede dentro de otros tipos de procesos judiciales.
El
marco de violencia se ha generalizado y es esto lo que hay que ver.
Tampoco podemos encasillarlo dentro de un determinado estrato social,
aunque en los círculos de mayor pobreza aparece como algo frecuente,
claro está, bajo la modalidad de consumo de sustancias altamente
nocivas y de “baja calidad”.
La
violencia familiar y de género, afecta a la mujer frente al hombre
violento. Esto en parte es así; sin embargo, también afecta a
niños/as, adolescentes y personas mayores adultas (hablemos de
abuelos en general).
Analicemos
esta cuestión. Los niños/as y adolescentes son víctimas
permanentes de violencia familiar; son cada vez más los casos de
violencia física y psicológica contra ellos, donde el maltrato
infantil aparece también como un indicador común, incluso, en
muchos casos, la violencia, el abuso y la situación de riesgo es
provocada por ambos padres. Recuerdo un adolescente de 16 años que
me manifestó en una audiencia; "siempre me sentí un
fracasado", entonces le pregunté ¿porqué? a lo que respondió
sin dudar, "mi papá siempre me decía eso". Este es un
tema que no debemos ocultar. Como funcionario judicial me veo en la
obligación de ponerlo en agenda para que todos entendamos que la
violencia se ha expandido como una gran mancha de petróleo en el
medio del mar.
Las
personas adultas (terminología que reemplaza a "viejos",
"ancianos y "abuelos"), también sufren la violencia
instalada en su propia familia. Estas personas, luego de transitar la
mayor parte de su vida, y cuando deberían mayormente disfrutar y
descansar, son víctimas de violencia familiar por parte de sus
propios hijos, incluso de sus nietos. Si bien el tema de la llamada
“tercera edad” excede este comentario, lo cierto es que también
se vincula directamente con la temática de la violencia, sin
embargo, pocas veces se habla de ello y sigue siendo un tema
pendiente de solución.
¿Soluciones
o solo esperanza de cambio?
La
sociedad y también los medios de comunicación tienen que tener bien
en claro, que desde el Poder Judicial no aportamos soluciones a la
violencia familiar y de género en términos absolutos y definitivos.
Por empezar, solo contamos con dos leyes (Ley Provincial de Violencia
Familiar No.9198 y Ley Nacional de Violencia contra la Mujer
No.26.485) aún no reglamentada en el ámbito local). Ambas leyes
otorgan al juez herramientas para la prevención y la protección del
sujeto vulnerable, (generalmente la mujer). Ahora bien, en el medio
de este flagelo aparecen múltiples situaciones relacionadas con la
pobreza y cuando hablamos de pobreza, no podemos referirnos solamente
a la falta de recursos económicos. Se trata de "los excluídos"
del sistema. Son todas aquellas personas que no tienen mayores
posibilidades de acceder a un empleo digno, a una obra social, a los
servicios esenciales, a la educación, etc.
Por
más que tomamos medidas para cortar el circuito de la violencia,
ello no siempre da resultados pues aparecen múltiples problemas
derivados de aquella. Más aún, actuamos cuando generalmente, la
violencia está totalmente instalada, donde los daños, muchas veces
se presentan como irreversibles. Las soluciones de fondo
probablemente demandarán años dado que se trata de un problema
funcional a la sociedad que sigue creciendo de un modo alarmante,
alimentado por un sinnúmero de factores y que requiere de grandes
cambios en las decisiones que debe tomarse desde el Estado. Esperanza
de cambios siempre hay que tener, pero para ello el Estado Argentino
debe tomar cartas en el asunto como para intentar revertir la
situación.
Cotidianamente
vemos campañas de concientización alentando a denunciar casos de
violencia. Esto está bien, pero la cuestión de fondo es mucho más
profunda y compleja. En algunas oportunidades escuchamos personas que
sostienen que las leyes de violencia "están mal hechas"
dado que “solo es oída la supuesta víctima” y no así el
denunciado o que se toman medidas que en la mayoría de los casos
perjudican al hombre.
Los
críticos sostienen que en muchos casos, la "víctima" no
es tal, dado que realiza denuncias falsas. Les contesto: las leyes de
violencia tienen un objetivo claro, pues son un mecanismo para
frenar y prevenir nuevos hechos y situaciones de violencia (fines
preventivos), sin embargo, también es cierto que existen personas
mal asesoradas que utilizan de modo errado estas herramientas legales
buscando acortar por la vía de la denuncia, caminos para obtener
otras finalidades. De todos modos, ante la duda, los jueces jamás
pueden dudar en dictar medidas de protección tales como
prohibiciones de actos molestos, de acercamiento, incluso de
exclusión que contiene la propia ley, pues estas deben ser
cumplidas, no solo por quienes deben acatarlas, sino también por
parte de quienes debe ordenarlas.
Tradicionalmente,
el hombre ha sido paradigma de la humanidad, y la mujer, un ser
dependiente por sus condiciones naturales. Pensemos en el Código de
Hammurabi, donde la mujer era responsable de su violación por
adulterio, pues si era violada era porque ¡no estaba en su casa!
pero, a no confundirnos... y no nos rasguemos las vestiduras por esto
de hace mil años, pues hoy está sucediendo en ciertas culturas
orientales fundamentalistas (talibanes). Por suerte, la perspectiva
de los derechos humanos, fuertemente inclusiva de la situación
desventajosa de la mujer, ha sido receptada en el Código Civil y
Comercial a partir de Convenciones internacionales incorporadas a la
Constitución Nacional (CEDAW: Convención para la Eliminación de
Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer).
Es
mi deseo que podamos seguir transitando este camino, pero para ello,
debe existir un compromiso mucho mayor.
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