Crisis en Brasil
y el posicionamiento de las radios comunitarias
Por
Fernanda Oliveira Santos (*)
“Coxiñas”
vs. “Petrallas”.
La peor crisis política y económica de Brasil en los últimos 25
años ha sido resumida popularmente en esta rivalidad.
Frente
a este
contexto y a la crisis política y económica brasileña ¿qué
posiciones adoptaron las radios comunitarias? ¿Están
a favor o en contra de la destitución de la presidenta Dilma
Rousseff? Proponemos
un
análisis sin maniqueísmos sobre la situación política brasileña
actual.
"Coxiña"
es una merienda muy popular en Brasil, tiene el formato de una gota y
está hecho de una masa de harina de trigo rellena de pollo. Este
nombre ha sido utilizado para caracterizar las clases media y alta,
anti gobierno, que están a favor del impeachment
de la presidenta Dilma Rousseff, son contrarios al Partido de los
Trabajadores (PT) y protestan golpeando cacerolas en los balcones de
sus casas. Por otro lado, "petralla" es un neologismo
formado por la unión de las palabras "petista" (las que
están a favor del PT) y "metralla" (en referencia a los
personajes de ficción de Disney Hermanos Ganzúa, traducido para el
portugués como "Hermanos Metralla", que intentan
constantemente
robarle al Tío Rico). En ese sentido, el término "petralla"
ha sido utilizado para referirse a los militantes del PT (partido del
gobierno), pues los coxiñas creen que los petistas son conniventes
con la corrupción.
Esta
división simplista ha camuflado la complejidad de la escena política
que Brasil está viviendo. Apoyar la continuidad del gobierno de la
presidenta Dilma no es lo mismo que defender la corrupción, así
como no todos los que están a favor de la destitución de la
mandataria son de clase media o alta. La lucha contra la corrupción
es legítima y necesaria, siempre que se haga respetando la
Constitución Federal de la República de 1988 y la democracia, tan
joven en Brasil. El problema más serio de esta rivalidad es que el
escenario se ha movido en dirección al golpe de Estado, con el apoyo
de instituciones claves para la resolución de esta crisis: el Poder
Judicial y el Legislativo.
Con
respecto al Poder Judicial, uno de sus representantes, el Juez
Federal Sérgio Moro, ha demostrado parcialidad y finalidades
políticas en el comando del juicio de los crímenes indicados en el
operativo policial Lava
Jato.
Ese operativo, que
en portugués significa "lavadero de coches",
investiga el mayor escándalo de corrupción en la historia de
Brasil, en el cual están involucrados Petrobras (la mayor empresa
petrolera del país), políticos de diferentes agrupaciones
(incluyendo el gobernante Partido de los Trabajadores y aliados) y
grandes empresas
constructoras.
La crisis política y económica en Brasil comenzó con el
descubrimiento de esta red de corrupción.
En
relación al Poder Legislativo, el presidente de la Cámara de
Diputados, Eduardo Cunha, tercero en
la línea de sucesión de Dilma, es uno de los investigados en el
Operativo Lava
Jato
y todavía enfrenta un proceso que la Comisión de Ética de la
Cámara le abrió por corrupción.
Además, la mayoría de los diputados que forman
parte de la comisión de impeachment
de Dilma son acusados en procesos criminales en el Supremo Tribunal
Federal (STF).
En
el día 17 de abril de 2016, en una sesión de seis horas transmitida
en vivo por la televisión, la Cámara de Diputados autorizó la
abertura del proceso de impeachment
de la mandataria de Brasil. Además de un paso en dirección al
golpe de Estado, la votación sirvió para presentar a los
brasileños quiénes son los "representantes del pueblo” en la
Cámara. Gran parte de los 367 diputados que votaron en favor de la
destitución
de Dilma Rousseff dedicaron sus votos a Dios y a la propia familia,
incluso hubo aquellos que dedicaron a los "fundamentos del
cristianismo" y "a la paz en Jerusalén". Un ejemplo
de horror en la sesión fue el discurso del polémico y homofóbico
diputado federal Jair Bolsonaro, que además de felicitar Eduardo
Cunha por el trabajo desarrollado en el Parlamento, hizo un tributo
al coronel "Carlos Alberto Brilhante Ustra, el terror de Dilma".
Ustra, muerto en 2015 debido a un cáncer, fue el jefe de uno de los
principales órganos de represión en el régimen militar de 1964,
siendo responsable por 51 muertes y incontables torturas, como la que
sufrió la presidenta Dilma Rousseff, en enero de 1970, debido a su
actuación en una organización guerrillera que luchaba contra el
gobierno militar.
A
la parcialidad y hipocresía del Judiciario y Legislativo, se suma el
poder manipulador de la Rede Globo, poderoso órgano de prensa
brasileña con gran influencia en la formación de conciencia pública
sobre el asunto y que está contribuyendo para diseminar el odio
contra la presidenta y contra el PT.
Es
importante decir que las Organizaciones Globo apoyaron el golpe
militar de 1964, que implementó la dictadura en Brasil, dato asumido
oficialmente por el periódico "O Globo", en 2013.
El
perfil de la media hegemónica
Los
grandes medios de Brasil son propiedades de poderosos grupos
empresariales, familiares y políticos, que forman un oligopolio de
radiodifusión en el país. Este escenario se refleja en las
concesiones de radio y televisión, pues esas concesiones muchas
veces son mediadas por intereses políticos y desacatan la
Constitución Federal, que prohíbe a los diputados y senadores
mantener contrato con empresas concesionarias de servicios públicos,
como la radiodifusión. Un ejemplo de esta ilegalidad es el hecho de
que el Presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, es socio
director, desde 2006, de la Radio Satélite, con sede en Recife,
capital situada en el nordeste de Brasil.
Estas
transgresiones y la hegemonía de Globo podrían haber sido reducidas
si el gobierno del ex-presidente Luís Inácio Lula da Silva
(2003-2010), o de su sucesora Dilma Rousseff hubieran promovido una
reforma en la política de comunicación del país. Aunque Lula haya
terminado su mandato con un índice de aprobación popular de 80%,
este optimismo no llegó al campo de las comunicaciones. Si bien se
presentaron propuestas para la democratización del sector, ellas no
fueron llevadas adelante debido a la oposición de los grandes medios
de comunicación, que abogaban por el mantenimiento de sus
privilegios mercadológicos.
Una
de estas propuestas fue la sustitución del Código Brasileño de
Telecomunicaciones (CBT) por la Ley General de la Comunicación
Electrónica de Masas. EL CBT, que data de 1962, fue modificado
durante la dictadura militar y, a pesar de ser anticuado, todavía
rige la radiodifusión en Brasil, es decir, la televisión y la radio
abierta. Cuando el gobierno de Lula propuso sustituir el CBT por la
Ley General de la Comunicación Electrónica de Masas, los medios de
comunicación, furiosos, llevaron a cabo una campaña en la cual
llamaron a cualquier intención de modificar las políticas de
comunicación de censura y amenazas a la libertad de expresión, ya
que esto cambiaría la regulación del límite de la propiedad y
establecería el control social de los medios de comunicación. Por
lo tanto, el gobierno de Lula se retrajo. Es decir, hubo avances en
la discusión sobre la democratización de las comunicaciones, un
tema que no estaba en la agenda política nacional hasta el momento,
pero las propuestas discutidas no fueron implementadas en las
políticas públicas.
A
pesar de este retroceso, hay grupos y medios de comunicación
alternativos y populares que siguen luchando para una comunicación
más democrática y plural. Uno de estos medios son las diversas
estaciones de radio comunitarias en todo el país.
Las
radios comunitarias delante de la crisis brasileña
Las
radios comunitarias surgieron en Brasil entre 1970 y 1980, durante la
dictadura militar y sin apoyo legal, pues la primera ley de
radiodifusión del país se introdujo sólo a finales del 1990. Se
trata de la Ley 9.612/1998 que regula el servicio de radiodifusión
comunitaria.
Aunque
haya sido un paso hacia la legitimación oficial de este medio de
comunicación, la ley impone muchas limitaciones que dificultan el
funcionamiento de las radios comunitarias, tales como: restringe el
alcance de las estaciones de radio a un kilómetro y con solamente 25
vatios de potencia; prohíbe la formación de redes entre las
estaciones; no garantiza la protección contra la interferencia de
las emisoras comerciales y servicios de telecomunicaciones; y
dificulta la sustentabilidad de las emisoras, ya que prohíbe la
colocación de la publicidad, permitiendo sólo el apoyo cultural.
En
la actualidad, hay cerca de 30.000 radios comunitarias en Brasil, la
mayor parte funcionando sin licencia. Eso es porque ya existían
muchas estaciones antes de la creación de la Ley de 1998, y se suma
a eso el lento proceso de aprobación por el Ministerio de
Comunicaciones, con casos en los que algunas radios tienen que
esperar hasta 11 años para recibir la autorización de
funcionamiento. Teniendo
en cuenta estas limitaciones, las estaciones de radio comunitarias
operan bajo diferentes modos: como estaciones de radio comunitarias
legalizadas; radios no legalizadas; radios de altavoces; y radios
virtuales. Independientemente del formato que tienen o si tienen o no
tienen permiso oficial para trabajar, el principio básico de estas
radios es proporcionar servicios sociales en las comunidades donde se
ubican, y actuar como vehículos de expresión de los moradores de
una localidad.
Sin
embargo, hay radios que a pesar de autodenominarse como radios
comunitarias, se han alejado de esta esencia y fueron apropiadas para
fines comerciales, religiosos y/o políticos-partidarios. Existe este
perfil de radio incluso entre aquellas que recibieron autorización
para operar como comunitarias, pero en la práctica actúan al
servicio de los intereses políticos y económicos de sus
propietarios y/o de los grupos políticos municipales.
Frente
a este
contexto y a la crisis política y económica brasileña, podemos
cuestionar: ¿qué
posiciones han adoptado las estaciones de radio comunitarias? ¿Están
a favor o en contra de la destitución de la presidenta Dilma
Rousseff? Lamentablemente, no hay consenso para estas respuestas,
justamente por la existencia de muchas estaciones de radio
comunitarias, que trabajan en diferentes contextos sociales, con
diferentes necesidades de la comunidad, y debido a los distintos
perfiles e intereses que tienen, como mencionado anteriormente.
Sin
embargo, hay una posición oficial sobre el tema. El coordinador
ejecutivo del Abrazo Nacional (Asociación Brasileña de la
Radiodifusión Comunitaria), Valdeci Borges, evocó a las radios
comunitarias a que digan "no" al golpe que los medios de
comunicación están tratando de hacer. En una entrevista concedida a
la radio comunitaria FM Nova, en Brasilia, la capital federal de
Brasil, el dirigente del Abrazo dijo: "La alerta para las
emisoras comunitarias, a sus oyentes y para la población en general
es que no se dejen engañar por los informes que los medios golpistas
divulgan en sus vehículos de comunicación diaria. Que utilicen la
radio comunitaria no para el golpe, sino para transmitir la
información. Y que sea dado amplio espacio para los sectores de la
sociedad que están en contra del golpe de Estado y que defienden la
democracia".
En
este sentido, el Abrazo Nacional recomienda que en estos momentos de
crisis, las emisoras actúen, más que nunca, con respeto a los
principios de la radiodifusión comunitaria, luchando por una
comunicación democrática que fomente el debate político local, al
revés de manipularlo. Borges añade que desinformar es peor que no
informar. "Los principales medios de comunicación no son dueños
de la verdad. La verdad está con la gente. No tenemos que transmitir
lo que el PPG (Partido de la Prensa Golpista) dice. La radio
comunitaria existe para hacer lo contrario, es decir, llevar
información para democratizar los medios de comunicación",
lanzó
Borges en su alegato final.
El
juicio político a la presidenta es un golpe porque ella no es
acusada de ningún crimen de corrupción, al contrario de lo que pasa
con más de la mitad de los políticos que piden su alejamiento,
incluyendo a Eduardo Cunha, cabeza conductora del proceso en la
Cámara, y el vice-presidente da la República Michel Temer, uno de
los conspiradores del golpe. Ella solamente podría ser impedida de
seguir su mandato si hubiera cometido crimen de responsabilidad, como
consta en la Constitución Brasileña, pero no hay contra ella
ninguna sospecha de robo. Ahora que fue autorizado por la Cámara de
Diputados, el proceso de destitución contra Dilma
se desplazará al Senado y la previsión es que la votación sea
realizada el 11 de mayo.
Está
claro que el motivo de aquellos que luchan en favor del impeachment
no
es mejorar la difícil situación socioeconómica de Brasil, sino
tomar el poder para seguir practicando actos ilícitos. Está claro
también que Brasil necesita, de manera urgente, una reforma en su
sistema político. Es
importante reforzar que la posición contra el impeachment
no significa estar a favor de la corrupción o defender la rivalidad
simplista entre coxiñas y petrallas. Significa defender el Estado
Democrático y la imparcialidad de los Poderes Judicial y
Legislativo. Después de todo, así como en Argentina y en varios
países de América Latina, la dictadura militar también es un
pasado reciente en Brasil, y sin dudas, la corrupción es una gran
amenaza para la democracia, pero el autoritarismo es su muerte.
(*)
Comunicadora Social, magíster en Cultura y Sociedad con Postgrado en
Gestión Sustentable y Responsabilidad Social Corporativa– Especial
para Revista Barriletes desde Salvador de Bahía (Brasil)
Comentarios