Esperanza
de un futuro mejor
Indicadores
claves para el desarrollo humano y social de la niñez y adolescencia
en Paraná (*)
(Revista Barriletes Noviembre 2017 - Nota de tapa)
Por
Silvia Montaño, Cesar Sioni y Soledad Menghi
Mirar
la infancia y adolescencia nos interpela acerca de cómo estamos como
sociedad, qué estamos haciendo o dejando de hacer para pasar de un
estado de vulneración a otro de titularidad de derechos y repensar
en qué medida propiciamos las condiciones para que tengan un
desarrollo humano y social integral. El equipo de Investigación de
la UCA comparte aquí los resultados de las mediciones sobre la
situación de esta población que alcanza – según la
multidimensionalidad – un 38,9 % de niños, niñas y adolescentes
en situación de pobreza.
Nuestra
investigación, en
función de sus objetivos, puede caracterizarse como descriptiva-
explicativa, en tanto pretende abordar la situación diagnóstica
descriptiva de la realidad, pero también establecer nuevos
indicadores relacionales y explicativos de algunos resultados
cohesionando avances y brechas en materia de derechos básicos de la
infancia.
La
perspectiva teórica que guía las mediciones realizadas corresponde
al enfoque de derechos a ser garantizados para la infancia. Nuestro
país adoptó la Convención sobre los Derechos del Niño (ONU,
1989), asumió compromisos frente a los Objetivos de Desarrollo del
Milenio (ONU, 2000), y sancionó numerosas leyes de protección de
derechos que constituyen un conjunto amplio de parámetros a partir
de los cuales definir dimensiones e indicadores de necesidades,
capacidades y funcionamientos para el desarrollo humano de la
infancia, como son: la Ley 26061 de Protección Integral de los
Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes; la Ley 26206 de
Educación Nacional, la Ley 26233 sobre Centros de Desarrollo
Infantil; y la Ley 26390 de Prohibición del Trabajo Infantil y
Protección del Trabajo Adolescente.
A
partir de este amplio marco legal, vigente hoy en la Argentina, se
operacionaliza en dimensiones e indicadores pertinentes, que invita a
adoptar una mirada integral del desarrollo humano y social de las
infancias y a distinguir entre necesidades materiales, sociales,
emocionales, culturales, objetivas y subjetivas en entornos sociales
particulares (familia, escuela, espacios públicos, entre otros),
cuya satisfacción también convoca a reconocer las formas
socioculturalmente construidas y aceptadas (Tuñón, 2011)como son
- Las Condiciones materiales de vida: evolución de los indicadores del nivel de vida material.
- El Proceso de crianza y socialización: las familias, la estimulación emocional e intelectual y las relaciones con sus pares.
- El Proceso de formación (libre de trabajo infantil): escolarización temprana, oferta educativa a la que acceden los niños y niñas, y percepción de la calidad educativa desde la perspectiva de los adultos de referencia.
Analizando
los datos podemos decir que la inseguridad alimentaria afectó casi a
un 20% de niños/as y adolescentes.
Inseguridad
alimentaria:
Porcentaje de niños, niñas y adolescentes en hogares que expresan
haber reducido las porciones de alimento y haber experimentado hambre
por problemas económicos durante los últimos 12 meses.
Inseguridad
alimentaria moderada:
Porcentaje de niños, niñas y adolescentes en hogares en los que se
expresa haber reducido las porciones de alimento en los últimos doce
meses por problemas económicos.
Inseguridad
alimentaria severa:
Porcentaje de niños, niñas y adolescentes en hogares en los que se
expresa haber experimentado hambre por falta de alimentos en los
últimos doce meses por problemas económicos.
En
las viviendas se registró un
déficit cuantitativo y cualitativo. En el primero, indicadores como
el hacinamiento crítico o la inseguridad en la tenencia de la
vivienda lo ponen de manifiesto,
mientras que en saneamiento 1/3 habita viviendas que no tienen agua
corriente ni descarga de inodoro a red cloacal.
Inseguridad
en la tenencia:
refiere a
que no se tiene formalizada legalmente con escrituras la propiedad de
la vivienda o el terreno, a veces con auto-construcción en terrenos
fiscales, ocupados o a préstamo. Por esta razón persiste un riesgo
y temor en el hogar por la posibilidad de perder la vivienda.
Déficit
en la calidad:
están en déficits en este indicador los niños/as que habitan en
pieza, inquilinato, conventillo, casilla o rancho, pieza en hotel,
vivienda en lugar de trabajo; o en casas de adobe con o sin revoque,
maderas, chapa y/o cartón.
Hacinamiento:
Porcentaje de niños, niñas y adolescentes en viviendas en las
cuales conviven tres o más personas por cuarto habitable.
Déficit
de red de gas:
se habita en viviendas en zonas de la ciudad que no poseen conexión
a la red de gas natural, utilizando como principal combustible para
cocinar, calefaccionarse y asearse el gas en garrafa, o de otra
fuente como la leña.
Déficit
de saneamiento (1):
Niños en viviendas que no tienen descarga de inodoro a red cloacal.
Déficit
de suministro de agua corriente:
refiere al porcentaje que habita en barrios donde se producen cortes
en el suministro vital, particularmente en verano.
Déficit
de saneamiento (2):
Niños que
viven una la vivienda sin agua corriente de red pública.
Déficit
de suministro eléctrico:
Niños que
viven en la vivienda donde no se posee energía eléctrica formal o
donde se manifestó que padecen de cortes frecuentes o fluctuaciones
en el suministro de energía, factores que van en desmedro de un
servicio de calidad.
En
materia de hábitat, la mitad vive en zonas donde hay problemas
ambientales y a su vez la droga es un problema arraigado en el
barrio. En
el aspecto cualitativo, un amplio abanico de indicadores dieron
cuenta de condiciones de vida que pueden ser mejoradas ampliamente en
los barrios de nuestra ciudad para mejorar la calidad de vida y
prevenir riesgos en la salud: quemas a cielo abierto, basurales,
control de plagas, calidad del suministro de agua, extensión de la
red de gas natural y saneamiento básico a través de la red cloacal.
La
pobreza multidimensional (38,2%) refleja una pobreza que además de
lo monetario incursiona en otras aristas que hacen a la pobreza
estructural de fondo: problemas de alimentación, saneamiento
deficiente, vivienda inadecuada, deficiente cobertura de salud o
falta de vacunas, carencia de oportunidades para el acceso a la
información como gozan los sectores económicos más acomodados. La
multidimensionalidad permite ver que no todos tienen las misma
estimulación temprana, posibilidades de juego, libros, o no poseen
un clima cálido en el hogar como para poder estudiar, relacionarse,
comer en familia o modelos a seguir.
Sobre
el acceso a la información y hábitos, los adolescentes no leen
libros, revistas ni diarios y es alta la exposición a pantallas (TV,
celulares, etc.). Existe un 65% de déficit en el comportamiento
lector.
En
lo que hace a las oportunidades de socialización y práctica de
actividades extra escolares, queda en evidencia que más de la mitad
de los niños y adolescentes no practican como hábito ninguna
actividad física ni deportiva extra escolar propendiendo al
sedentarismo y desinterés por fijarse metas a alcanzar.
Sin
duda, parte importante del derecho a la educación debería
garantizar que niños, niñas y adolescentes logren terminar la
educación inicial, primaria y secundaria en tiempo y forma. La
deserción escolar se observa baja en el nivel educativo medio pero
aún persiste con valores cercanos al 10%. En lo que respecta al
rezago educativo, 1 de cada 10 niños de 5 a 12 años asiste al nivel
con sobreedad; mientras que en el nivel secundario, 1 de cada 4
estudiantes se encuentra en la misma situación por retrasos en la
cursada de los correspondientes ciclos lectivos acorde a la edad
biológica. A la hora de diferenciar entre los niños y las niñas,
aquellas niñas que han tenido un hijo/a entre los 14 y los 17 años,
el 36,2 por ciento asistió sólo a la escuela primaria, y un 9,8 por
ciento cursó la educación secundaria.
Trabajo
La
situación de precariedad, la desocupación adulta, el trabajo
precarizado conlleva al trabajo infantil que se mantiene cercano a un
15% de los niños y adolescentes paranaenses que realizan trabajo
doméstico (hacen mandados, cuidan hermanitos, asean la casa) y/o
económico (cirujeo, mendicidad, oficios), relegando el juego y el
estudio.
Respecto
de la situación laboral de los jefes de hogar donde reside esta
población de 0 a 17 muchos tienen empleo precarizado o se encuentran
desempleados (cerca de un 40%), dando cuenta de la falta de puestos
de trabajo genuinos y productivos. La contención se logra con más
un 37,5% de la infancia que recibe la AUH y otros planes sociales
paliativos.
Algunas
propuestas para abordar en profundidad el problema de la infancia
A
través de la triangulación de las mediciones estadísticas de
pobreza, con las voces de informantes claves en el territorio
analizamos
la
participación de las organizaciones de la sociedad civil y de los
actores sociales en la resolución de los problemas urbanos – en
este caso para el flagelo de la pobreza en la infancia - pudiendo ser
abordado en torno a las relaciones entre el enfoque del desarrollo
humano y los derechos humanos.
Un
repaso de las actividades de la sociedad civil desde este enfoque,
hace posible valorar un conjunto de argumentos que defienden el rol
de las OSC en relación con los objetivos de la promoción humana en
las comunidades que actúan, entre los que se destacan: La eficiencia
en la provisión de bienes y servicios. La equidad en el acceso de
los grupos vulnerables a las oportunidades brindadas por el estado y
el mercado. El empoderamiento de los destinatarios en el desarrollo
de la capacidad de agencia y el capital social comunitario. La
coproducción colaborativa con las instituciones del estado, así
como con aliados externos, ha demostrado ser uno de los principales
impulsores de la consolidación de las bases locales de la sociedad
civil en contextos urbanos de alta marginalidad.
La
relevancia de estas explicaciones no supone desconocer importantes y
múltiples limitaciones que las OSC suelen enfrentar debido a
variadas restricciones estructurales y socio-culturales que acotan el
alcance de su acción.
Teniendo
en cuenta estas apreciaciones creemos que alguno de los caminos para
ampliar estas posibilidades es la conformación de estos
relacionamientos sinérgicos como uno de los desafíos centrales de
la sociedad civil respecto de sus aportes a la promoción humana en
los sectores más excluidos de la ciudad.
Sólo
un compacto de responsabilidades compartidas entre los actores
involucrados estará en condiciones de crear el sentido de
responsabilización que permita otorgar el Derecho a la Ciudad que se
encuentra vedado para una porción creciente de los habitantes de la
ciudad de Paraná y que se manifiestan en las dimensiones abordadas
en el proyecto y se condicen con la realidad que los agentes sociales
trabajan.
Para
concluir, adherimos a la tesis que el país ha transitado una década
de importantes logros en el terreno de la ampliación de derechos
sociales, en particular para la infancia. No obstante las asimetrías
en el desarrollo material y social persiste en una franja
significativa de niños, niñas y adolescentes que siguen siendo los
más vulnerables. Es decir que hay déficit para garantizar la
titularidad de los derechos reconocidos y aceptados por la comunidad
para apostar a un futuro mejor.
(*)
Proyecto del Centro de Investigación Interdisciplinario en Valores,
Integración y Desarrollo Social-Facultad Teresa de Ávila-UCA,
Paraná. Investigadores: Mg. Sione César; Dra. Menghi Soledad; Téc.
Montaño Silvia.
N del
E: Todos los cuadros son elaboración del equipo de investigación.
Fuente: microdatos de la EDSA, Serie Bicentenario, Observatorio de la
Deuda Social Argentina UCA. Período 2014-2015
El
rol de las organizaciones sociales
La
concentración territorial de la pobreza en los principales centros
urbanos es una causa principal del crecimiento y de la persistencia
de la pobreza y de la fragmentación espacial de las mismas
(Ziccardi, 2009; Rodríguez Vignoli, 2008). Las zonas marginales son
una manifestación paradigmática de la marginalidad y la exclusión
social en la ciudad de Paraná, principal centro urbano de la
provincia y el más desarrollado desde el punto de vista económico,
social y cultural. Si bien su origen es histórico, su persistencia y
crecimiento aún en etapas de expansión de las oportunidades
laborales y económicas obliga a prestarle especial atención. La
concentración espacial de la pobreza que las zonas marginales
suponen se encuentra agravada por mecanismos de segregación que
impiden el desarrollo humano y dificultan la realización de la
igualdad en el largo plazo (PNUD, 2009; Scheinsohn y Cabrera, 2009).
Diversos estudios han mostrado que los residentes en comunidades
segregadas sufren una variedad de penalizaciones. Más allá de las
carencias de activos personales y familiares, tienen problemas de
accesibilidad y de conectividad y se enfrentan con limitaciones en
cuanto al acceso a la información, lo que impide también el acceso
a los servicios públicos y las oportunidades de empleo. La
homogeneidad social de los que residen que lugares pobres y
socialmente aislados y la falta de interacción con personas de otros
estratos sociales afectan a sus oportunidades y a sus acciones de
forma adversa.
En
particular, el reciente debate sobre el Derecho a la Ciudad brinda un
adecuado punto de partida para pensar la cuestión de las zonas de
alta marginalidad en Paraná en relación con las reales capacidades
de usufructo que tienen sus pobladores de los recursos y
oportunidades provistos por la ciudad. También provee un encuadre a
partir del cual establecer las obligaciones de los agentes sociales
involucrados, entre los cuales se encuentran las organizaciones de la
sociedad civil como actores crecientemente gravitantes.
Son
diversas las funciones que tales organizaciones desempeñan en
relación con el aseguramiento del Derecho a la Ciudad. Un repaso de
las actividades de la sociedad civil desde el enfoque del desarrollo
humano, hace posible valorar un conjunto de argumentos que defienden
el rol de las OSC en relación con los objetivos de la promoción
humana en las comunidades que actúan. La eficiencia en la provisión
de bienes y servicios, la equidad en el acceso de los grupos
vulnerables a las oportunidades brindadas por el Estado y el mercado,
así como el empoderamiento de los destinatarios en el desarrollo de
la capacidad de agencia y el capital social comunitario. La
relevancia de estas explicaciones no supone desconocer importantes y
múltiples limitaciones que las OSC suelen enfrentar debido a
variadas restricciones estructurales y socio-culturales que acotan el
alcance de su acción. Teniendo en cuenta estas apreciaciones se
consideraron en este artículo algunos caminos posibles de ampliación
de las capacidades colectivas de las OSC. La coproducción
colaborativa con las instituciones del Estado, así como con aliados
externos ha demostrado ser uno de los principales impulsores de la
consolidación de las bases locales de la sociedad civil en contextos
urbanos de marginalidad. Creemos que en las posibilidades de
conformación de estos relacionamientos sinérgicos radica uno de los
desafíos centrales de la sociedad civil respecto de sus aportes a la
promoción humana en los sectores más excluidos de la ciudad. Sólo
un compacto de responsabilidades compartidas entre los actores
involucrados estará en condiciones de crear el sentido de
responsabilización que permita otorgar el Derecho a la Ciudad que se
encuentra vedado para una porción creciente de los habitantes de la
ciudad de Paraná y que se manifiestan en las dimensiones abordadas
en el proyecto y se condicen con la realidad que los agentes sociales
trabajan.
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