Nota de tapa (Septiembre, 2018)
Mi gorra no es delito
Por Alfredo Hoffman*
Hoy más que nunca está vigente la construcción del enemigo interno que legitima el recrudecimiento de la violencia institucional. En Paraná son los y las jóvenes de los barrios humildes quienes la sufren a diario, al punto que la Policía les impide llegar al centro de la ciudad. Las organizaciones sociales trabajan para visibilizar la problemática y desnaturalizarla. Hay cambios legales que son necesarios y urgentes.
El 20 de septiembre de 2015, dos meses antes de que se supiera quién sería el presidente de la Argentina, la politóloga Pilar Calveiro publicó un escrito en la revista Haroldo en la que describió cómo opera una “despolitización del otro” –tal es el título de ese texto– que facilita la exclusión de ciertos grupos sociales como sujetos ciudadanos primero, como sujetos de derecho después, y finalmente como sujetos morales. Afirmó allí que el “enemigo” de una sociedad se configura de maneras específicas, según las sociedades y los momentos históricos; y en relación con esto, hizo un recorrido por el nazismo y la última dictadura cívico militar en nuestro país. Sin embargo, sostuvo que hay una matriz, un formato al que se recurre para eliminar esa supuesta amenaza.
Calveiro hablaba de dos “guerras” en curso, declaradas por algunas supuestas “democracias”: la guerra antiterrorista y la guerra contra lo que se ha dado en llamar “el crimen organizado”. Ambas definen un enemigo vago: como terroristas se incluye a grandes y oscuras redes como Al Qaeda, a los integrantes de organizaciones armadas insurgentes y agrupaciones de resistencia y lucha por los derechos sociales. Asimismo, bajo la proclama del combate al crimen organizado, se agrupan bajo la misma categoría a las grandes redes del tráfico de estupefacientes, de armas, de personas y a delincuentes comunes como por ejemplo, arrebatadores de carteras. Se construyen así enemigos como “sujetos menos que humanos y peligrosos, a quienes es preciso exterminar”, que amenazan a toda la sociedad y que pueden ser legítimamente masacrados. Y para alcanzar esta categoría, muchas veces basta con ser apenas sospechoso.
En aquel momento, los candidatos Mauricio Macri, Daniel Scioli y Sergio Massa hacían campaña en la carrera presidencial con el discurso de la seguridad como uno de los principales ejes. De los tres, Scioli parecía el más moderado: ponía el acento en la prevención, el cumplimiento de la ley y el rol de la Justicia mientras exhibía imágenes de entrenamientos de miles de policías. Massa era el más directo: hablaba sin rodeos de “enemigos”, de “declarar la guerra” y hasta anunciaba que utilizaría las fuerzas armadas para combatir a “los narcos y el delito”, para que “entren en los barrios más humildes”, al tiempo que mostraba imágenes de una sociedad militarizada. Por su parte, Macri prometía “dar batalla desde el primer día” al narcotráfico.
Más de dos años y medio después, quien resultó presidente despliega casi milimétricamente lo que advertía Pilar Calveiro desde su escrito y anunciaba Massa en su spot. El terrorismo, el crimen organizado, el narcotráfico, son los pretextos que expone el gobierno para sacar por decreto a las Fuerzas Armadas a la calle. Los militares ya están en estos momentos realizando tareas relativas a la seguridad interior, quebrando así con el consenso de 35 años de democracia en que el amplio abanico de las fuerzas políticas mantuvo al Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea reservadas exclusivamente para la defensa ante potenciales agresiones de estados extranjeros.
Antes de esto, el gobierno nacional puso en marcha la llamada “doctrina Chocobar”, que no es otra cosa que la legitimación del gatillo fácil y la habilitación a las fuerzas de seguridad para actuar con violencia e incluso matar ante la presunción de la comisión de un delito. Previo incluso al caso Chocobar, desde el minuto uno de gobierno, Cambiemos implementó la represión como principal herramienta para la (no) resolución de conflictos generados por su programa económico. Fue así que se hizo una postal repetida la presencia de una multitud de policías armados en cada manifestación, lo que en numerosas oportunidades termina con gases, balas y detenciones masivas. En ese marco, se inscribe la desaparición forzada seguida de muerte de Santiago Maldonado y el asesinato de Rafael Nahuel, quienes reclamaban por los derechos del pueblo mapuche a ocupar sus territorios ancestrales. Con el fantasma del terrorismo se pretendió justificar la represión que ocasionó sus muertes.
Dentro de todo este entramado represivo, la construcción del enemigo se traslada con diferentes niveles y matices a las provincias, a las ciudades y a los microespacios como pueden ser los barrios de Paraná. En Entre Ríos, el discurso de la seguridad que estigmatiza a los sectores más humildes de la sociedad como responsables exclusivos de la delincuencia existe desde tiempos remotos, pero en el actual contexto político recrudece y se profundiza.
El desafío de desnaturalizar
Este año hizo su aparición en Paraná la Asamblea contra la Violencia Institucional, que conforman distintas agrupaciones del campo popular y de los derechos humanos, con el objetivo puesto en la necesidad de desmontar esa estigmatización que recae sobre los y las jóvenes vulnerables, empoderándolos y denunciando públicamente los atropellos que sufren a diario por parte de efectivos de la Policía de Entre Ríos.
“La Asamblea contra la Violencia Institucional de Paraná se conforma sobre todo en vistas al 8 de mayo, que es el Día Nacional de Lucha contra la Violencia Institucional, pensando en reunir a distintas organizaciones sociales y políticas de la ciudad que estuvieran interesadas en realizar una actividad para esa fecha con el fin inicial de visibilizar la problemática, sobre todo la violencia policial, que es una de las formas en que se expresa la violencia institucional y es la más sufrida por los sectores populares”, explicó a Barriletes Lucía Fernández, militante de Descamisados y una de las impulsoras del nuevo espacio.
“La Asamblea tiene como paso previo o antecedente un proyecto de extensión de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional de Entre Ríos, que se hizo entre estudiantes de esa facultad y la de Ciencias de la Educación, que se llamó ‘Mi gorra no es delito, mi piel no me define’”, precisó Lucía, que fue parte de aquella iniciativa. En el marco de ese proyecto académico se trabajó el tema de la violencia policial con jóvenes de distintos barrios humildes de Paraná. “A raíz de eso fue que surgió la inquietud de poder continuar trabajando de alguna forma en torno a ese flagelo”.
“Mi gorra no es delito, mi piel no me define. Las juventudes y la violencia institucional en el barrio Capibá de la ciudad de Paraná” fue el nombre del proyecto que en 2016 emprendieron quienes en su mayoría eran estudiantes avanzados de la UNER. En los fundamentos de esa iniciativa, se sostiene: “Transcurridos 33 años de democracia en Argentina, aún seguimos siendo testigos de prácticas violatorias de los derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad del Estado. Dicho accionar se encuentra naturalizado y socialmente legitimado a través de discursos que circulan tanto en los medios masivos de comunicación como en el sentido común; al tiempo que la ciudadanía reclama por mayor intervención de las fuerzas públicas. Ese reclamo se sustenta en la construcción de las juventudes de sectores populares como sujetos potencialmente peligrosos”.
El discurso del joven como delincuente –escribieron los estudiantes– cobró relevancia en la década del ’90 a partir de que este actor social dejó de ser relevante en la escena política argentina. Abonan el pensamiento de que las construcciones sociales son funcionales a la identificación de un “enemigo” al que se lo vincula con el sentimiento de “inseguridad”. De allí que “mientras la violencia institucional cuenta con legitimación social, los actos violentos de las juventudes son definidos como ilegítimos y por ello condenables”.
La finalidad del proyecto fue aportar a la desnaturalización de la violencia institucional tanto por parte de los jóvenes como del resto de la sociedad y contribuir a la circulación de otras voces respecto de la problemática. Para ello trabajaron con un grupo de jóvenes del barrio Capibá a través de talleres semanales. Mediante el diálogo, el juego y las herramientas de la comunicación audiovisual buscaron que socialicen, problematicen y expresen sus experiencias y apreciaciones. En 2017 se pintó un mural en el barrio Mosconi Nuevo que invitaba a reflexionar sobre la problemática, con la participación de los y las jóvenes protagonistas del proyecto de extensión, junto a vecinos y vecinas del lugar y estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Educación y la Facultad de Trabajo Social.
Fue así que en el marco del 8 de mayo de este año se hicieron las primeras reuniones de la Asamblea, que dio lugar a una jornada cultural en la plaza Alvear. Fue una actividad de la que participaron, como se pretendía, distintas organizaciones sociales y políticas de la ciudad y que se organizó en conjunto con la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Provincia. Hubo una radio abierta a cargo de Radio Comunitaria Barriletes e intervinieron raperos adolescentes y artistas callejeros que suelen ser hostigados y echados por la Policía de los sitios en donde realizan malabares y otras prácticas artísticas.
En la oportunidad también se buscó visibilizar la barrera invisible que las fuerzas policiales suelen imponer para el ingreso al centro de los y las jóvenes de los barrios humildes. Una determinada vestimenta, el color de piel o el uso de la gorra, son motivos suficientes para que cualquier uniformado decida interrumpir la marcha de paranaenses, pedirles documentos, revisarles la mochila y ponerlos contra la pared y palparlos con armas, haciendo un notorio abuso de autoridad a la vista de todo el mundo. Este hostigamiento lo sufren incluso menores de edad. El objetivo siempre es impedir la llegada al centro de quienes son víctimas de la construcción de la otredad negativa de la que hablaba Calveiro.
Esta problemática se había hecho palpable en el trabajo realizado por las y los estudiantes. “Cada vez que los gurises de distintos barrios humildes de la ciudad quieren ir al centro, tienen algún inconveniente con la Policía: si se la cruzan en el camino, los hacen volver a sus casas; si se la encuentran ya en el centro, los cachean o piden DNI. A veces incluso en sus propios barrios”, expresó Fernández. Agregó una episodio que resultó revelador: “Un viernes por la tarde, uno de ellos iba camino al centro, cuando se encontró con un efectivo que le preguntó dónde iba. Ante la respuesta del joven, le dijo: ‘El centro está cerrado, volvete a tu casa’”.
Otros relataron que una vez iban caminando con la intención de llegar a la plaza Alvear, cuando se cruzaron con los uniformados que les preguntaron con cinismo: “¿No tienen una plaza en su barrio?”, y los obligaron a regresar. Sin resignarse, los gurises retrocedieron algunas cuadras y tomaron un colectivo para llegar a destino. Otra particularidad es que las mujeres reconocen que si van solas al centro, posiblemente la Policía no las moleste, pero sí lo hacen cuando van con sus amigos varones.
“Para la actividad del 8 de mayo se invitó también a participar a la hermana de Elías Gorosito (desaparecido por la Policía de Entre Ríos) y a Isabel Basualdo. En esa jornada Isabel expresó que a ella le gustaría que para el 16 de junio se hiciera una actividad similar en el marco de un nuevo aniversario de la desaparición de su hijo Martín Basualdo”, contó Lucía Fernández. Eso dio lugar a la segunda actividad de este colectivo, en homenaje a los jóvenes paranaenses que fueron vistos por última vez en esa fecha de 1994.
“Entonces nos volvimos a reunir como Asamblea cuando se aproximó la fecha y se realizó una nueva jornada cultural, esta vez en el Club Sportivo Urquiza, y participaron miembros del club que pusieron a disposición las instalaciones del barrio La Floresta. En esa oportunidad se restauró el mural pintado en 2013 en el paredón de la entidad que da sobre calle Ameghino y se descubrió una placa que da nombre a la tribuna como Héctor Gómez y Martín Basualdo”, recordó. Allí también estuvo Barriletes con una radio abierta y participaron organizaciones como Descamisados, H.I.J.O.S. Paraná, la Federación Juvenil Comunista y otras, además de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Provincia.
Martín y Héctor desaparecieron a manos de efectivos de la Comisaría Quinta del barrio La Floresta. El caso es emblemático de la represión en tiempos de democracia pero con métodos propios del terrorismo de Estado, y de la construcción de la figura del enemigo en cabeza de jóvenes de barrios humildes para quienes están suspendidos los más elementales derechos humanos.
La batalla legal
Además de las acciones territoriales y de desnaturalización de la violencia institucional interviniendo en el espacio público, esta tarea necesita del avance en una serie de cambios en materia legal, que en Entre Ríos se concentra especialmente en dos instrumentos: la Ley de Contravenciones N° 3.815, que debe ser derogada y reemplazada por una norma acorde a la democracia y a la Constitución, y la implementación del mecanismo contra la tortura. Además de esto, desde el movimiento de derechos humanos se viene reclamando la reactivación de la Comisión Bicameral de DDHH de Entre Ríos.
El 23 de junio de este año, durante un encuentro realizado en Gualeguaychú, se conformó la Red de Organismos de Derechos Humanos de Entre Ríos, con el propósito de fortalecer un proceso de coordinación y articulación de las agendas y prácticas de esas agrupaciones. De allí surgió un documento que sostiene: “El gobierno nacional tiene plena conciencia de que su proyecto de país para pocos no puede imponerse sin un esquema represivo y la complicidad de los grandes medios de comunicación. Desde allí se estigmatiza a los sectores populares organizados, construyendo la imagen de un ‘enemigo interno’, con el fin de justificar el uso de las Fuerzas Armadas para reprimir a nuestro pueblo y para acallar la resistencia social que producen las políticas antipopulares del gobierno. La ministra Patricia Bullrich ha sido instruida e instruye a sus subordinados para hacer del gatillo fácil, la persecución política y la prisión arbitraria de militantes sociales, una nefasta política de Estado”.
La declaración asimismo expresa: “Es necesario intervenir en las políticas públicas que generan violencia institucional y afectan directamente en los derechos de una gran parte de nuestra sociedad. Es indispensable interpelar a nuestros legisladores para que puedan diseñar normas que se adapten a los parámetros de este tiempo”.
Durante aquella reunión en el sur entrerriano se acordó que entre los principales ejes de trabajo esté la demanda de los cambios legales mencionados. En primer lugar, la ley de Contravenciones, que data de 1952 y en todas estas décadas sólo ha tenido modificaciones parciales. Inclusive en los últimos años se impulsaron cambios que suman punitivismo, agregando contravenciones como los hechos de violencia en escuelas y hospitales y centros de salud que afecten a trabajadores y trabajadoras.
La ley deja en manos de la Policía la posibilidad de decidir sobre detención de un ciudadano y la sanción que le corresponde, sin intervención judicial. Solamente se establece que las penas aplicadas son recurribles ante los jueces en lo Correccional dentro de los tres días de notificada la sanción. La apelación se concede con efecto devolutivo, es decir que el castigo se cumple mientras se resuelve el recurso. No solamente incurre en semejante inconstitucionalidad, sino que también las figuras que constituyen contravenciones son ampliamente difusas y se prestan fácilmente para arbitrariedades: los integrantes de la fuerza de seguridad pueden privar de su libertad a alguien por “desorden”, “escándalo”, “ebriedad” u ofender a “la moral y las buenas costumbres”. Como se ve, debido a esta norma se penaliza la ebriedad, en lugar de ser tratada como cuestión de salud pública. Además, se define que cometen “desorden”: 1°) Los que disputan en alta voz; 2º) Los que riñen sin uso de armas ni inferirse lesiones; 3º) Los que profieran gritos; 4º) Los que, después de las doce de la noche, perturben con gritos, cantos o ruidos la tranquilidad del vecindario desde las calles; 5º) Los que se reúnen tumultuosamente en defensa de alguna persona para estorbar la acción policial; y 6º) En general los que causan alarma o perturban el orden regular en los sitios públicos”.
En cuanto al Mecanismo Provincial de Prevención de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, fue sancionado en Entre Ríos en diciembre de 2017 pero aún no ha sido implementado. Este instrumento prevé la creación de un comité que podrá inspeccionar las cárceles, comisarías y demás dependencias donde se alojen personas privadas de su libertad, a fin de inspeccionar las condiciones de detención y prevenir las torturas y todo tipo de tratos crueles. El órgano estará integrado por tres representantes de organizaciones de la sociedad civil, tres por la Legislatura y uno por la Subsecretaría de Derechos Humanos. La Comisión Bicameral de Derechos Humanos de la Legislatura de Entre Ríos es la responsable de convocar a inscripción de postulantes a integrar el comité que pertenezcan a organizaciones sociales.
Las torturas no solamente existen en la actualidad sino que son una de las manifestaciones más crudas de la violencia institucional. En oportunidad de una emisión especial de La Huella del Caracol –el programa de H.I.J.O.S. Paraná en Radio Comunitaria Barriletes– con motivo del 8 de mayo, fueron esclarecedoras las palabras de Gustavo Palmieri, representante del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) en el comité nacional: “La situación en el país es muy grave. Hay cárceles que parecen campos de concentración. Gente encerrada mucho tiempo, que come una comida de porquería sobre la cama; muchas veces detenciones que no tienen la mínima prueba judicial, psiquiátricos que deberían ser cerrados. Así como hay establecimientos que funcionan mejor, hay situaciones gravísimas”.
“La cárcel sirve para poco. La mayoría está con prisión preventiva. Hay quienes sufren situaciones aberrantes de torturas, hay algunos que denuncian que los vana matar y los terminan matando. No digo que estamos en una dictadura, pero hay personas que pueden estar 30 días en condiciones similares a las que sufrían los detenidos en la ESMA. No desaparecen pero están encerradas en un lugar, sin salir, sin aire. Eso no puede estar sucediendo en nuestro país y sucede”, sostuvo. La entrevista se puede buscar en el programa N° 26 de La Huella en ar.ivoox.com.
El reclamo actual es la puesta en funcionamiento del mecanismo contra la tortura en Entre Ríos, a fin de prevenir y evitar estos tratos degradantes a las personas privadas de su libertad. Porque la violencia del Estado contra aquellos construidos como “enemigos” no cesa, sino que por el contrario, se agrava en la vida intramuros hasta borrar los límites de la dignidad humana.
*Alfredo Hoffman es periodista y autor del libro Reencuentro. Crónica de la restitución de una identidad. Es militante por los derechos humanos en H.I.J.O.S., integrante de la Asamblea contra la Violencia Institucional en Paraná, y es parte del equipo de conducción de La huella del caracol que pueden escuchar todos los martes de 18 a 20 hs en Radio Comunitaria Barriletes (FM 89.3).
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